[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En las dos últimas semanas, las amenazas consecutivas a un camarista y una defensora oficial desataron un escándalo sin fondo en las cárceles bonaerenses. El presidente de la Cámara de San Isidro, Fernando Maroto, y la defensora oficial de esa jurisdicción, María Gómez, son el blanco predilecto de los jerarcas del SPB. El 19 de este mes, un preso del penal de Magdalena denunció ante la fiscalía 5 de Campana que el entonces jefe del penal, Rubén Puente, le había encargado asesinar a Maroto y a un funcionario del Ministerio de Justicia, a cambio de armarle una fuga para que quedara libre. El caso desató una polémica entre el juez amenazado y el ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi.
Meckievi prefirió investigar al denunciante en lugar de al denunciado y desacreditó la versión del preso. Dos días después se produjeron alrededor de 30 relevos, aunque el jefe de Magdalena fue premiado con el cargo de subjefe de Inteligencia. El viernes, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios bonaerense, Eduardo Madar, ordenó una auditoría para investigar irregularidades y la presentación de una declaración jurada de bienes por parte de las autoridades del SPB. Los jerarcas ya habían empezado a trabajar en el tema. Desde hace unos días circula en las unidades la orden de que no se registre el ingreso de vehículos de autoridades: nadie quiere dejar las huellas de sus 4x4 o de sus autos importados de 40 mil dólares.
La entrevista realizada por Página/12 a los dos guardias denunciantes se produjo en el marco de uno de los escándalos de mayores proporciones por los que transita la historia del SPB. Según aseguraron los dos denunciantes por ahora anónimos, la mayor parte de los guardiacárceles se encuentra en una situación paradójica: deben cuidar más por sus espaldas que custodiar a los propios condenados.
Madar también aseguró que iniciará auditorías para investigar la corrupción a fondo. “No toleraré la presencia de corruptos o mafias”, señaló. Y abrió un canal telefónico para presentar denuncias: 0221-4291095. El gesto no es poco, pero amenaza con ser nada, teniendo en cuenta el marco en el que se produce. El primer eslabón débil de la cadena indica que el propio jefe de Madar, el ministro Meckievi, desacredita las denuncias contra un servicio penitenciario del que aseguró que “este año cumplió una encomiable labor”. Habrá que sumar los 600 aspirantes incorporados al SPB, por casualidad provenientes de Dolores. Dolores es el territorio del Tati Meckievi, recientemente electo como intendente.
Por otro lado, algunos especialistas estiman como difícil que existan denunciantes de un sistema de corrupción intramuros. No hay vecinos ni consumidores ajenos. Los únicos denunciantes serán, para el caso que los haya, presos desacreditados como tales o guardias a punto del suicidio colectivo.