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Mientras Kirchner recibía a la Comisión Provincial por la Memoria, su copresidenta, Estela Carlotto, renunció a integrarla. Su texto dice que el objetivo principal de la Comisión era “la preservación, digitalización y difusión” de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la policía provincial (ver texto completo aparte). Solá sostiene que la Comisión sólo debe dedicarse a esa tarea. La carta de renuncia de Estela Carlotto aduce que el Tribunal de Cuentas de la provincia cuestionó “desprolijidades” en la administración del presupuesto de la Comisión y afirma que dadas las dificultades económicas que enfrenta el pueblo de la provincia de Buenos Aires, esos fondos debieron administrarse “con mejor criterio”. También señaló presuntas “irregularidades”, entre las que mencionó la falsificación de su firma “para solicitar dinero, gastos excesivos para la publicación de la revista Puentes, sueldos onerosos para algunos miembros del equipo técnico” y “la aparición de un Centro de Estudios por la Memoria, que ha recibido dinero del presupuesto de la Comisión, sin tener constancia de su existencia real y sin ser conocida por mí”. El domingo por la noche, Solá llamó a Schiffrin y le dijo que no tenía ningún indicio de que se hubiera producido ningún episodio de corrupción.
Pérez Esquivel y otros diez miembros de la Comisión respondieron a Carlotto con un comunicado en el que rechazan esas consideraciones “por su falsedad” y recuerdan que la propia renunciante despejó “con toda precisión” el 26 de septiembre las “observaciones puramente técnicas” efectuadas por el tribunal de cuentas (ver texto completo aparte). “Lo inverosímil de la imputación se liga al problema de fondo que realmente está en debate, y que consiste en si la Comisión Provincial por la Memoria debe permanecer como un organismo autónomo que se ocupe de la defensa actual de los derechos humanos violados en la provincia de Buenos Aires, o si debe reducirse a una mera dependencia del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Remo Carlotto, hijo de la señora de Carlotto”. El comunicado afirma que “las cuentas de la Comisión son públicas y están abiertas no sólo a cualquier investigación sino también a todo ciudadano que quiera acercarse a consultarlas”. Los miembros de la Comisión dijeron a este diario que nunca se falsificó la firma de la señora de Carlotto para solicitar dinero. La contadora de la Comisión escribió el nombre de la copresidenta en una comunicación al tesorero de la Provincia indicándole que depositara los fondos correspondientes a un mes en la cuenta de la Comisión, de donde nadie puede moverlos sin las firmas autorizadas. El Centro de Estudios que menciona la renuncia fue el nombre que tuvo la Comisión antes de su constitución formal y lo presidió la propia Estela Carlotto.