En 1953, el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower designó al presidente y accionista de General Motors, Charles E. Wilson, como Secretario de Defensa. Durante las audiencias de confirmación, el Senado lo intimó a desprenderse de sus acciones e indagó en su subjetividad. Cuando le preguntaron si tomaría decisiones que perjudicaran a GM si fuera necesario, asintió, pero dijo que “no puedo imaginarme en qué situación podría ocurrir, ya que siempre pensé que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors, y a la inversa”. En 1989 el primer presidente George Bush ofreció el mismo cargo al ex senador y presidente de la Comisión de Defensa John G. Tower, quien luego de terminar su mandato fue consultor de empresas de la especialidad. Al llegar a la audiencia ya se había desprendido de esa participación, pero sin embargo sus ex colegas le negaron la confirmación por razones subjetivas. Como explicó el senador Carl Levin “le sería muy difícil manejar los serios problemas de la puerta giratoria y el conflicto de intereses”. La frase de Wilson es una de las más célebres del siglo XX porque retrata una de las características esenciales del capitalismo en su fase imperialista. Por las dudas, a Tower también lo acusaron de borracho y mujeriego, algo que nadie diría de Juan José Aranguren. Pero tampoco es imaginable que el ministro de Energía dijera que lo bueno para el país es bueno para Shell, y a la inversa, porque la Argentina no practica el imperialismo sino sufre una especie de colonialismo pasivo, donde las decisiones sobre la política energética están en manos de un funcionario que sigue siendo accionista de la petrolera anglo-holandesa y que se justifica con respuestas formales que justifican todos los recelos. Aranguren pretende que no hay incompatibilidad porque no es accionista de la filial argentina sino de la casa central y que en cualquier tema que concierna a Shell delega la firma en otros funcionarios. En las reuniones previas a la audiencia pública en la que a partir del viernes se analizarán las tarifas del gas para los usuarios residenciales, Aranguren insistió en ocultar cuáles son los costos de producción del gas en boca de pozo, que constituye el 70 por ciento de la tarifa final. De este modo, el único parámetro de comparación es el precio internacional del gas, lo cual es una resignación de la soberanía energética, reemplazada por el caprichoso concepto de seguridad energética que sostienen los asesores de Aranguren, Alieto Guadagni, Secretario de Energía del último dictador Benito Bignone, y Daniel Montamat, de Fernando De la Rúa. Consiste en considerar la energía como un commodity, sin atender a su carácter estratégico para la economía nacional, al contrario de lo que hacen las grandes potencias. Es un criterio similar al del ex secretario de Comercio Alejandro de Estrada, para quien daba lo mismo producir caramelos que acero. El gobierno se jacta de acatar sin discusión las decisiones de la justicia, pero esa retórica no se verifica en los hechos. La propuesta presentada por el Ministerio de Energía luego del fallo de la Corte que anuló el tarifazo comienza con una foja que dice: “Gas natural. Precio + Tarifa de Transporte y Distribución”, coherente con la convocatoria del ente regulador Enargas a la audiencia pública para discutir “el traslado a tarifas de los precios de gas”. Pero la Corte no se refirió al “traslado a tarifas” sino al propio precio del gas en boca de pozo. La improvisación con que el gobierno encaró el tema generó reacciones sociales y un fallo judicial que lo obligó a retroceder y a sustituir el diktat imperial por la negociación política y la búsqueda de alianzas. En etapas sucesivas, redujo la imposición del 1000 al 500 por ciento, luego al 400 por ciento y en la nueva propuesta al 203 por ciento (sólo para los usuarios residenciales), y lo presentó como muestra de flexibilidad y capacidad de diálogo. Este curioso gradualismo contempla un nuevo aumento el mes próximo para los tramos de transporte y distribución y sucesivos ajustes semestrales del precio en boca de pozo, que lo llevarán de 1,29 dólares el millón de BTU ahora a 6,78 dólares al culminar el mandato del presidente Macrì. Aranguren pretende que así se incentivará la inversión. Esto contradice la experiencia histórica, según la cual el alza de la retribución acelera el agotamiento de las reservas, salvo que se imponga a las productoras un compromiso contractual con penalidades en caso de que no inviertan. El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) avanzó sobre el secreto del costo de producción a partir de los informes de los principales productores a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC). Total declaró un costo de producción de gas promedio en boca de pozo de 1,46 dólares por millón de BTU, por el que dijo percibir un precio promedio de 2,46 dólares, e YPF informó costos de producción de 1,90 y precio promedio de 3,46 dólares por millón de BTU. Estos costos ya incluyen impuestos, beneficios y regalías. Un beneficio adicional nada desdeñable es que el nuevo precio no será pagado a 90 días, como ocurre con el subsidio estatal, sino a 30, lo cual implica una ganancia financiera de dos meses de intereses sobre miles de millones de dólares. Lo peor es que según los cálculos del IESO los aumentos semestrales en dólares constituyen una forma de dolarización de la economía, “dada la importancia del precio del gas en su incidencia en la producción industrial y general del país”.