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Por H. V.

El jueves, varios asistentes a las Jornadas de Políticas Públicas Contra la Tortura y Otros Tratos Degradantes debieron dejar en forma precipitada la sede de la Comisión Provincial de la Memoria. Los requerían desde la Unidad Penitenciaria 9, la cárcel de La Plata. Tres presos habían sido golpeados y a uno le habían aplicado corriente eléctrica en las plantas de los pies. De este modo la organización criminal que gira bajo el rótulo del Servicio Penitenciario Bonaerense hizo saber que había tomado debida nota del mensaje de impunidad recibido del gobierno provincial.
Luego de una nota publicada aquí, fueron relevados de sus cargos en la plana mayor de la entidad el jefe de inteligencia, Ramón Fernández (a) Manchado; el Director de Régimen Penitenciario Roberto Beriay, (a) El Sátiro de la Zapatilla; y Pedro Guerrero, (a) El Vietnamita. Todos ellos fueron denunciados ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por torturas a presos políticos durante la dictadura militar en la misma UP9 donde siguen ocurriendo las mismas cosas. Entre las personas a las que golpearon entonces estuvo el ahora secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini.
La resolución del SPB los pasó a la situación de disponibilidad simple, adscriptos a la jefatura y a la espera de que se distraiga la atención para volver a ubicarlos. Ninguna medida fue adoptada con los jefes del servicio, que elevaron la propuesta de designación y ascenso al gobierno bonaerense. El jefe, Jose Emilio Lauman, fue Ayudante de Ordenes del interventor militar entre 1976 y 1980, coronel Aníbal Fernando Guillén, de quien además era compañero de partidas de caza y partidos de tenis. El Subjefe, Daniel Alberto Iglesias, se desempeñó en esos mismos años en el entonces Cuartel de Seguridad de Lisandro Olmos, aledaño al campo clandestino de concentración “La Cacha”. Su función era el traslado de los ciudadanos detenidos allí a otros lugares de detención. Además de su labor en el SPB Iglesias es un hombre de negocios, poseedor del 100 por ciento de las acciones de la empresa de “venta de menudencias” “Valle y Travel S. A.”.
Mientras, en el ministerio de Seguridad se analiza el regreso a la actividad de dos comisarios de la policía puestos en disponibilidad durante la gestión de Juan Pablo Cafiero. Uno de ellos, Rubén Gatti, fue condenado en 1992 a dos años de prisión por la jueza Criminal y Correccional de San Martín Adela Formichelli, quien consideró probados los apremios ilegales agravados contra un detenido, al que golpeó cuando estaba maniatado. En noviembre de 1993, la sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la condena, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia en octubre de 2000. El otro, José Aurelio Ferrari llamó “prócer” al ex general Jorge Videla en un reportaje, agasajó al cabo primero Alberto Agustín Castillo, procesado por encubrimiento y ocultamiento de prueba en la causa por la masacre de Ramallo, y tiene numerosas causas por apremios. En declaraciones al diario La Capital, justificó el maltrato a los detenidos. “En España lo cuelgan (al sospechoso) de un caño y le tiran de las bolas hasta que diga dónde puso el cuchillo, dónde el cuerpo. Tener a un tipo sentado acá, sin comer durante 24 horas, y pegarle un par de cachetadas no es tortura. La policía científica es un invento.”