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La Corte Suprema aún espera un dictamen del procurador general de la Nación para fallar sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esteban Righi tiene a su estudio el caso de la Contraofensiva, en el que se investiga la desaparición de veinte personas en 1979. Pero ahora, el máximo tribunal también remitió al procurador el expediente de Juan Antonio Del Cerro (Colores), quien está procesado por la desaparición de la familia Poblete. Se trata del caso en el que el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las normas que impedían los juicios a los represores en 2001. La Corte estaría en condiciones de resolver la cuestión de fondo luego de recibir el dictamen. Mientras tanto, la semana próxima, el tribunal tratará de llegar a un acuerdo acerca de su posición sobre el reclamo que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de los presos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Hay al menos tres jueces que están elaborando sus votos, pero todavía no llegaron a un consenso acerca de sobre qué exactamente se van a expedir, es decir, si reclamarán una solución al problema en abstracto o si ordenarán medidas concretas al gobierno de Felipe Solá. Lo que está claro es que la acordada será crítica con la situación carcelaria de la provincia.