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El Banco Central deberá constituirse en querellante en la causa por asociación ilícita contra el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, que instruye el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Así lo recomendó el jueves el gerente de asuntos legales del BCRA, Marcos Moiseef. En su dictamen Moiseef dijo que al ocultar su relación con la entidad off-shore Federal Bank el escribano Moneta entorpeció la función de fiscalización de la autoridad monetaria. Un informe de los supervisores Mónica Noon y Marcelo Ferrario afirma que debido a ese ocultamiento fue imposible realizar la “supervisión consolidada para ese grupo financiero”, en función de la cual se otorgaron diversos beneficios al grupo. Desde 1994 era obligatorio suministrar al Banco Central ese tipo de información sobre subsidiarias en el exterior.
Hace dos años, el Directorio que entonces presidía Alfonso de Prat Gay resolvió que el Banco debía constituirse en querellante en los procesos penales en caso de perjuicio económico o “entorpecimiento de la función de fiscalización”. Pero nunca lo hizo en el caso de Moneta, quien está sujeto a una causa judicial por lavado de dinero. Moneta había presentado una declaración jurada al Banco Central en la que negaba cualquier vinculación como accionista, administrador o apoderado con el Federal Bank y con otras empresas vinculadas, como Winterbotham Trust, que se usaron para triangular fondos de la corrupción política. También fijaba en 1997 el comienzo de la relación del Banco República con el CEI (Citicorp Equity Investment) cuando en realidad databa de 1992. En mayo de 1999, el Citibank había informado al Banco Central que no tenía registros sobre quiénes eran los accionistas del Federal Bank, pero en agosto de 2000, ante una investigación del Senado de Estados Unidos sobre lavado de dinero, debió revelar la verdad. En respuesta al requerimiento del Senado estadounidense, también el Banco Central de Bahamas admitió que los propietarios del Federal Bank eran Moneta y familia (su padre, que murió en 1999, su tío, su primo y su abogado).
Una vez informada a Washington, no era razonable ocultar esa información a la Argentina. En un dictamen anterior, el área de Asuntos Legales del Banco Central había sostenido que la afirmación falsa de Moneta no constituía el delito de falsedad ideológica porque no constaba en un documento público sino en un acta notarial, lo cual autoriza a jurar por ese medio cualquier mentira. De todos modos, recomendó explorar si la conducta del escribano podía constituir otros delitos, como estafa a la administración pública, informes falsos y actos indebidos. La estafa en perjuicio del BCRA “derivaba de las ventajas de contenido económico que se concedieron al Banco República, en base a una situación distinta de la real”, al “ocultarse insidiosamente esas vinculaciones”. La conclusión de Moiseef que ahora está a consideración del Directorio es que el BCRA debe querellar por estafa, informes falsos y actos indebidos. Copropietario del Canal 9 de televisión, Moneta fue uno de los “empresarios nacionales” beneficiados una semana antes de este dictamen con el decreto 527/05 que prorrogó por diez años las licencias de todos los servicios de radiodifusión. Feliz domingo.