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El país conoció el conflicto el 30 de abril cuando la marcha verde más importante de la historia reunió a unos 30 mil uruguayos y argentinos sobre el puente internacional de conexión entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Aquel día, organizaciones ambientalistas y sociales de ambos lados del río Uruguay pidieron la interrupción de la construcción de dos plantas de celulosa autorizada por el gobierno uruguayo y exigieron un estudio de impacto ambiental acorde con los tratados firmados por ambos países en 1975. Desde entonces, las ONG no detuvieron los reclamos. Las locales organizaron comisiones técnicas y jurídicas para trabajar con el gobierno provincial, municipal y, desde mayo, con Cancillería. Ahora, mientras aguardan una presentación oficial ante organismos internacionales, a nivel local diseñan estrategias jurídicas suplementarias.
El proyecto para la instalación de las plantas de celulosa comenzó en el 2002 con una propuesta de la Empresa Nacional Celulosa España (ENCE) al gobierno uruguayo de Jorge Batlle. La compañía proyectó la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, con una inversión estimada en 600 millones de dólares. Dos años más tarde, la finlandesa Maetse-Botnia propuso un plan semejante a cuatro kilómetros de distancia con una inversión de 1200 millones de dólares.
Grupos de ambientalistas y organizaciones sociales de ambos lados del río Uruguay hicieron sus propios estudios cuando conocieron el proyecto. “Se trata de compañías de las más contaminantes del mundo”, explicó a Página/12 Fabián Moreno Navarro, abogado especializado en medio ambiente y a cargo de las presentaciones judiciales del Foro Ecologista de Paraná y de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. “Esto no es una opinión subjetiva –continúa– sino el resultado de los efectos producidos por las compañías en los lugares donde operaron.” En ese sentido, recuerda que ENCE estuvo durante treinta años en la ciudad española de Pontevedra, donde sus directivos terminaron condenados por la Justicia por la contaminación de una ría donde los pobladores se dedicaban a la –ahora extinta– pesca de mariscos.
Los proyectos fueron objetados centralmente por otros dos aspectos: el uso de una tecnología prácticamente prohibida en Europa y el incumplimiento del tratado del río Uruguay firmado entre la Argentina y Uruguay en 1975. De acuerdo con el tratado, “ambos países están obligados a informarle al otro sobre actividades previstas sobre el cauce del río –indicó Diego Rodríguez, vicepresidente del Foro de Paraná–. El otro Estado cuenta con seis meses de plazo para hacer sus propios estudios antes de expedirse sobre las obras”. El tema con Uruguay fue que Batlle autorizó las obras –que ya se iniciaron– sin darle participación a la Argentina.
En mayo, tras la visita de Tabaré Vázquez, ambos gobiernos acordaron crear una comisión binacional por los estudios de impacto ambiental pendientes. Desde entonces, representantes de distintas organizaciones se pusieron a trabajar con el equipo de Cancillería sobre aspectos técnicos, jurídicos e institucionales. “Nosotros advertimos que se está consolidando una posición nacional”, indicó Jorge Daneri, abogado ambientalista de Gualeguaychú. Esa posición nacional es la que terminó cobrando forma cuando una presentación de la Argentina ante los organismos internacionales de crédito logró el bloqueo de los fondos de inversión uruguayos (ver aparte).
De aquí en más, “le pedimos a Cancillería una presentación jurídica ante la Comisión Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sigue Daneri. Y a nivel local, aclaró Moreno Navarro, “haremos otras presentaciones judiciales, tal vez ante la Corte Suprema de Justicia”.