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Con la presencia de cuatro de los cinco testigos reclamados por la defensa del juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, el juicio político contra el último integrante de la denominada mayoría automática del menemismo comenzó su etapa final. Los abogados María Angélica Gelli y Marcelo Sancinetti, e incluso el propio Boggiano, intentaron hacer decir a los testigos que el fallo del juez en el caso Meller, aunque formó parte de la mayoría, tuvo fundamentos diferentes. Bo-ggiano fue imputado por “haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento” y por “negar la vía judicial de revisión de una resolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas que puede perjudicar al Estado Nacional” en cifras que originalmente fueron fijadas en 29 millones de pesos y que en la actualidad ascenderían a casi 400 millones de pesos por aplicación de intereses. En primer término se escuchó a Manuel Garrido, ex titular de la OA y hoy responsable de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. La acusación, representada por los diputados Ricardo Falú y Hernán Damiani, puso el acento en un dictamen de Garrido en el que sostenía que el fallo de la mayoría “destrabó la ejecutividad” de la suma reclamada por Meller. El subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles, a pesar del intento de la defensa, destacó que la resolución de un fallo tiene, a los fines operativos, más peso que sus fundamentos. Las pocas medidas pendientes, entre ellas la declaración escrita del canciller Rafael Bielsa, ex titular de la Sigen, no son obstáculo para que a fines de septiembre el Senado emita fallo.