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¿Hubo una operación planificada para quemar los trenes y la estación, a la cual se sumaron los pasajeros hastiados del mal trato, o la reacción de quienes padecen el pésimo servicio del viejo ferrocarril Sarmiento fue aprovechada por otros actores, desde activistas políticos hasta víctimas de la marginalidad conurbana que no dejan pasar de largo ni una moneda ni una cerveza? De discernir esa secuencia debería encargarse la justicia, a la que le llevará mucho más tiempo que el que necesitaron los ministros federal y bonaerense Aníbal Fernández y Carlos Arslanian para suministrar sus respectivas historias oficiales, parte de la batalla en que ambos aspirantes a la gobernación bonaerense están empeñados. En cualquier caso, el orden de los factores no altera el producto. Aun si se dieran por buenas las informaciones oficiales nada similar hubieran logrado los presuntos activistas en una estación de tren de Estocolmo.
Muy distinta fue la situación el viernes en Mar del Plata. La pequeña fuerza de tareas que se lanzó a destruir tanto sedes de grandes compañías nacionales o transnacionales como pequeños locales de barrio, no encontró el menor eco entre la población que, por el contrario, reclamaba acción policial para reprimirla. Tan nítido fue el aislamiento en el que actuaron que el oportunista intendente Daniel Katz llegó a reclamar que las fuerzas de seguridad les partieran la cabeza a palos a los saqueadores, una clara instigación a la violencia, que contrastó con el prudente dispositivo policial, gracias al cual sólo hubo que lamentar reparables daños materiales, pero no vidas perdidas, como ocurrió en otras cumbres internacionales.
El episodio de Haedo está preñado de significación. Apenas diez días antes se habían realizado las elecciones de renovación legislativa de mitad de mandato presidencial. Dentro del sistema político implicaron un nítido cambio de guardia. La ausencia en las ofertas electorales de Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra y Carlos Alvarez; la derrota de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín en sus retaguardias personales de Anillaco, Lomas de Zamora y Chascomús; el tercer puesto de Luis Barrionuevo aliado a Ramón Saadi en Catamarca; la victoria de auténticos outsiders como Martín Sabbatella en Morón, Hermes Binner en Santa Fe y los Kirchner en el panorama nacional, dan la medida de un proceso de renovación de liderazgos que la mayoría de los analistas tiende a subestimar, como si la única comparación válida fuera con las consignas maximalistas del verano de 2002. Ni siquiera faltan notas de humor, como el anuncio del retiro de la política activa del ex senador Duhalde, cuyos ex partidarios le recriminan haberlos encerrado en un freezer y pugnan por acudir en auxilio de la victoria.
Pese a los prematuros anuncios de la noche de los comicios, sólo votó el 71 por ciento de los empadronados, tres puntos menos que en 2001. Además, el 9 por ciento de quienes pasaron por las urnas hicieron saber que no les atraía ninguno de los candidatos, menos de la mitad que hace cuatro años. Es decir que la sociedad no se ha reconciliado con el sistema representativo. Hay una izquierda extraparlamentaria contra su voluntad, reflejada en el 0,5 y el 0,8 por ciento de los votos obtenidos por Patricio Echegaray y Jorge Huermus (el obrero “Altamira”) que ni sumados se acercan al 1,9 por ciento de la militante costumbrista Moria Casán. Pero también existe una izquierda extraparlamentaria por propia decisión (la CCC, el Partido de la Liberación, Quebracho, entre otros), que se considera representante del tercio del padrón que no escogió ninguna de las opciones electorales y se propone organizarla. Aunque la indiferencia del ausentismo prevaleció sobre la ira de la anulación o el voto en blanco, el deterioro de las condiciones de la existencia cotidiana abonan el terreno para el estallido, que puede producirse en cualquier momento y por razones muy diversas: el asesinato de un adolescente en un boliche, algún abuso policial o el estado de los medios de transporte. Hasta el subsecretario general de la presidencia Carlos Kunkel señaló pocas horas después de los hechos que como “producto de la marginalidad social, de todas las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos lustros por lo menos, hay un estado de violencia latente potencial en el que determinadas chispas se vuelven incontrolables”. También destacó la falta de cumplimiento por parte de la empresa de las condiciones contractuales y de respeto por los pasajeros. Los informes de la Auditoría General de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Nación son lapidarios al respecto. El gobierno se propone revertir la desarticulación de la red ferroviaria iniciada durante la presidencia de Menem, pero no es seguro que el camino que sigue sea el más idóneo. La insolvencia y la incapacidad de gestión de los operadores ferroviarios deja la inversión y las decisiones en manos del Estado, que subsidia a esas empresas para que los pasajes no alcancen precios prohibitivos y se realicen obras que mejoren la deficiente prestación del servicio. Los incumplimientos documentados son de suficiente gravedad y magnitud como para dar por caídas las concesiones. Según el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino “la pésima prestación del servicio” se debe a “la manifiesta incapacidad de la dirigencia empresaria, con denuncias penales por comprar y licitar muy por encima de los precios corrientes de plaza, con contratos de obras públicas poco transparentes, con mecanismos de negocios cruzados entre empresas vinculadas. Este cuadro de situación se vio reflejado en sus alarmantes índices de endeudamiento cuyos costos financieros generan permanentemente crisis de caja o financiera que impiden financiar los gastos de explotación con el fin de brindar un servicio adecuado a las tarifas que pagan los usuarios”. “Ese es el más sintético retrato de la denominada “burguesía nacional” en la que el gobierno confía para su proyecto desarrollista. Pero, sigue el informe del Defensor del Pueblo, no es más tranquilizador el desempeño estatal, ya que “no se sabe a ciencia cierta qué controles efectúan y cuáles son los parámetros que utiliza la Secretaría de Transportes para continuar abonando los subsidios a las empresas ferroviarias”. Más fácil será reconstruir la estación de Haedo que el país devastado.