La denuncia del gobernador Jorge Busti contra las empresas Ence y Botnia por delito ambiental en grado de tentativa llegó al escritorio del procurador General de la Nación, Esteban Righi. Antes de entender en el caso, la Corte Suprema le pidió a Righi que dictamine si el máximo tribunal es competente en el tema. Más allá de los tiempos que le lleve al procurador y eventualmente a la Corte, resolver la cuestión, de esta manera el diferendo con Uruguay llegó a las más altas instancias judiciales. Algo similar ocurrirá si, luego del respaldo del Congreso Nacional, el gobierno recurre al Tribunal Internacional de La Haya. Luego de esto, las instancias por explorar serán resorte exclusivo de la política o de la diplomacia. Mientras tanto, las empresas empezaron su propia campaña de defensa ante la opinión pública.

La presentación de Busti repasa los antecedentes de algunos de los directivos de las empresas que están al frente de las plantas de celulosa. Concretamente, recuerda que también fueron denunciados en la localidad española de Pontevedra. El escrito, que el propio gobernador repasó frente a los legisladores argentinos en la visita que la semana pasada realizó al Congreso, abunda en las consecuencias ambientales y en los daños que producirán las plantas en la salud de los vecinos de Gualeguaychú.

El expediente fue radicado hace meses en la Justicia federal de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. El juez Guillermo Quadrini se declaró incompetente. Ninguna de las partes apeló la medida y así fue que la denuncia ingresó el viernes pasado a la Corte Suprema. Hoy el máximo tribunal le giró copia al procurador Righi.

Lejos de los tribunales, la firma Ence eligió defenderse ante la opinión pública. Ence, empresa titular de una de las dos plantas de celulosa que se construirán en Fray Bentos, defendió el emprendimiento y definió la fábrica como una de “las más modernas y eficientes”. El director de comunicación de la empresa en España, Claudio Vallejo, afirmó ayer que fue Ence la que desarrolló la tecnología libre de cloro que reclaman los ambientalistas.

En una solicitada aparecida en distintos diarios, afirman que “frente a los acontecimientos de dominio público, alrededor de la construcción de nuestra planta de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, deseamos romper el silencio que nos habíamos impuesto”.

La firma explica que eligió el silencio porque tenía “la convicción de hacer las cosas bien, en un país que respeta la preservación del medio ambiente y busca el bienestar y desarrollo de todos sus habitantes”.

La empresa titular de una de las dos plantas, de las que citando informes técnicos el gobernador Busti dijo que serán las plantas procesadoras de papel más grande del mundo en volumen y capacidad, se muestra como una firma que emplea los mismos estándares tanto en el primer mundo como en estas tierras. “La planta está siendo construida con la infraestructura, maquinaria y tecnología de última generación, de acuerdo con todas las normas aprobadas por la Unión Europea, que entrarán en vigor en el año 2007”.

Para que no queden dudas, subrayan que “es absolutamente falso que se vayan a utilizar otras normas y tecnologías”. También destacan que “no se generarán efectos significativos ni en el aire, ni en la tierra, ni en el agua” y que el emprendimiento respetará “el medio ambiente, en forma segura para los habitantes de ambas márgenes del río Uruguay”.