El represor Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército, declaró ayer ante el juez federal de Tucumán, Jorge Parache, y descalificó como “imprecisas y vagas” las acusaciones en torno de la desaparición de Graciela Bustamante, Adriana Mitrovich, Ricardo Torres Correa y Horacio Ferreira en abril de 1977. Menéndez, además, consideró que sólo puede ser juzgado por la Justicia militar y pidió la nulidad del expediente. “Impugnamos la requisitoria del fiscal (Emilio Ferrer), porque la hizo basándose en conjetura, suposiciones, y testigos falsos”, dijo el abogado del represor, Horacio Conesa Mones Ruiz. Menéndez –que dirigió la represión ilegal en Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero– está imputado en más de 500 causas por delitos de lesa humanidad. Se encuentra en Tucumán desde hace 11 días y declaró ayer por segunda vez. En La Rioja, los fiscales Horacio Salman y Graciela López de Filoniuk allanaron las bases militares de Chilecito y Chamical. Fuentes judiciales señalaron que se encontró “importante documentación de entre 1976 y 1978” contra Menéndez. La documentación tendría relación con los asesinatos de ex obispo riojano Enrique Angelelli, de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera.