El Ejército encaró en la década pasada una reforma similar a la que ahora le toca a la Armada. Según su ex Jefe de Estado Mayor, Martín Balza, a partir de 1992 la Inspección General del Ejército suplantó a la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor en la auditoría de los elementos de inteligencia. “Se desterró así la práctica de que los elementos de inteligencia se controlaran a sí mismos”, dice Balza, quien padeció en carne propia la especialización en política interior de los organismos de inteligencia. “Cuando fuimos a Malvinas, se desconocía totalmente el armamento inglés, sus capacidades y limitaciones”, dice. Para suplir ese déficit la jefatura de inteligencia salió a comprar de urgencia publicaciones británicas como Jane’s. En 1993, Balza desactivó los Destacamentos de Inteligencia y dispuso que en las unidades pasaran a funcionar los Centros de Reunión de Información, con dependencia de los Cuerpos de Ejército, y en las subunidades las Compañías de Inteligencia Táctica, dependientes de las Brigadas y no de la Jefatura de Inteligencia. A pedido del Estado Mayor la jefatura de inteligencia fue objeto de controles y auditorías de la Comisión Bicameral. Balza también racionalizó y reestructuró la Planta de Personal Civil de Inteligencia (PCI). Quienes tenían la antigüedad necesaria se jubilaron, mientras eran separados entre 300 y 400 agentes civiles que tenían antecedentes o calificaciones indeseables, la mayoría de ellos incorporados durante la dictadura. Balza recuerda las amenazas que él y su familia recibieron por ello. También retiró al mayor que seguía los cursos de inteligencia en la Escuela de las Américas. En los últimos años, Roberto Bendini prescindió de otros 150 PCI. La reestructuración que impulsó Balza no fue suficiente. En 1998, familiares de detenidos-desaparecidos que habían prestado testimonio en el juicio por la verdad de Córdoba denunciaron seguimientos y amenazas. La juez federal Cristina Garzón de Lascano descubrió que su propio juzgado estaba bajo el control de la Compañía de Reunión de Información 141, dependiente del Cuerpo III, a través de una empresa de seguridad a nombre de la esposa de uno de los oficiales de la Compañía. Balza pasó a retiro a los que fueron identificados. Pero luego de un juicio oral con acceso restringido, la jueza sancionó a los doce oficiales, suboficiales y civiles comprometidos a penas mínimas, de entre uno y tres meses de prisión en suspenso en vez de las de uno a tres años y medio que había pedido la fiscal Graciela López de Filoñuk.