El Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia fue impuesto por Botnia como condición para instalarse en territorio uruguayo. Así fue reconocido por los propios legisladores uruguayos en la sesión en la que, en mayo de 2004, le dieron al convenio carácter de ley. En sus artículos 5, 6 y 9 establece:

- Que las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas (la figura de “expropiación indirecta” es una novedad para la legislación uruguaya que, según los especialistas, abre la puerta a los reclamos por cambios en las condiciones iniciales de inversión).

- Que el Estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas.

- Que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según prefieran.