Martes, 4 de abril de 2006 | Hoy
Los directivos quieren que el gobierno uruguayo se haga cargo de los costos por la paralización de las obras. Ayer se reunieron con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para negociar.
Mientras la empresa Botnia continúa en silencio, crecen las especulaciones sobre el futuro de la construcción de la papelera en Fray Bentos. Ayer, los directores de la finlandesa se reunieron con el secretario de Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, para terminar de establecer si el gobierno de Tabaré Vázquez se responsabilizará por los costos que involucra la paralización de las obras. Tras la reunión, se preveía que la firma oficializaría su posición. Sin embargo, decidió finalmente no dar definiciones sobre el tema. Los encargados de despejar las dudas fueron los empleados, quienes ratificaron que se mantienen las condiciones normales de trabajo e incluso informaron que durante los últimos días se incorporó a sesenta personas.
En el encuentro que encabezó Fernández estuvo presente la plana directiva de Botnia que la semana pasada viajó desde Finlandia para tomar cartas en el conflicto. Concretamente se discutieron dos puntos. Por un lado, la papelera llevó sus preocupaciones sobre si será la administración de Tabaré Vázquez la que se hará cargo del salario de los trabajadores mientras las obras estén paralizadas. En total suman unos dos mil, con un sueldo promedio de 350 dólares por mes. De acuerdo con los números que maneja la empresa, los gastos ascienden a unos cinco millones de dólares, incluyendo los costos adicionales que implicó el traslado marítimo de los materiales a raíz de los cortes. También preocupa la situación de las empresas contratistas que tiene Botnia y que –según se informó ayer– llegarían a unas veinte.
Otro de los ejes de la reunión fue el borrador con el que Uruguay respondió a las propuestas del gobierno argentino. Hasta el momento, eran muy pocos los funcionarios de la Casa Rosada que conocían el contenido del documento, lo que pone en evidencia el peso que Botnia tiene en las negociaciones. En realidad, el principal argumento que la firma tiene a su favor es el tratado de protección de inversiones que suscribió Finlandia con Uruguay hace cuatro años, asegurando el pago de indemnizaciones en caso de cualquier modificación a las condiciones iniciales de inversión. El punto seguramente estuvo presente ayer en las conversaciones, luego de las cuales se esperaba escuchar una respuesta oficial por parte de la empresa. Sin embargo, el comunicado nunca se dio a conocer y desde la compañía se mantuvieron en un gran hermetismo.
En contraste con esta postura, los trabajadores ratificaron que continuarán las obras. En diálogo con Página/12, el secretario general del Sindicato de la Construcción, Jorge Mesa, informó que los empleados fueron a trabajar normalmente y que, por el momento, no tienen previsto ningún cambio. El último comunicado que recibieron de la empresa fue el viernes, cuando se les informó que se daba marcha atrás con la decisión de paralizar las construcciones el 7 de abril. Prácticamente nada varió desde entonces. Es más, el presidente del sindicato, Juan Sardella, ayer informó que en los últimos días se incorporaron unas sesenta personas y que está previsto trabajar durante Semana Santa. “Ya somos casi dos mil trabajadores en Botnia y doscientos en Ence, y se trabaja por turnos durante las 24 horas. Para nosotros vale la información oficial que nos dio la empresa y esta información nos asegura que las obras continuarán normalmente”, señaló.
Igualmente desde el gremio se encargaron de aclarar que continúan en estado de asamblea y amenazaron con tomar medidas de fuerza si la empresa llega a tomar alguna decisión sin convocar antes a una mesa de negociación. La cuestión fue planteada la semana pasada, cuando Botnia anunció que acataría el pedido argentino y los trabajadores amenazaron con ocupar las plantas. Ayer, la preocupación volvió a aparecer tras la reunión que mantuvieron los directivos con el gobierno uruguayo. A pesar de las promesa dada por la administración de Tabaré sobre la continuidad de los puestos de trabajo y la seguridad en el pago de los jornales, los empleados exigen la firma de un acuerdo que, en caso de una suspensión de las obras, establezca las condiciones de recontratación.
Informe: Carolina Keve.
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