A pesar de la promesa del terrateniente norteamericano Douglas Tompkins de abrir “un callejón de ingreso” para permitir la movilidad de las 16 familias –unas 140 personas– que han quedado virtualmente atrapadas por las alambradas y tranqueras que hoy cercan al paraje Yahaveré, la situación en los Esteros del Iberá, Corrientes, sigue en el centro del debate, pero sin soluciones concretas todavía. Después de una larga sangría de veinte años durante los cuales cerca de 400 mil hectáreas fiscales fueron pasando primero a manos de encumbrados políticos correntinos y luego vendidas, a precio dólar, al multimillonario Tompkins, el gobierno provincial ha reaccionado, por extraña paradoja, recién a partir del anuncio del subsecretario de Tierras de la Nación, Luis D’Elía, de propiciar un proyecto para expropiar las tierras que están en poder del empresario estadounidense. El gobernador Arturo Colombi anunció la creación de una Comisión Provincial para el Análisis y Evaluación del Manejo del Iberá. “El Iberá es una decisión de Corrientes, no es un problema de la Nación”, dijo un Colombi muy preocupado por defender el federalismo. Mientras tanto, en Yahaveré, la situación con los vecinos está cada vez más tensa (ver aparte), a pesar de la intervención del poder político.

“Ahora se han despertado todos, pero durante más de dos décadas se produjo la venta de grandes extensiones de tierra en el Iberá, sin la aprobación de la Legislatura correntina, es decir sin hacer cumplir lo que marcan las normas provinciales que limitan la formación de latifundios mediante la compra de terrenos fiscales”, recordó a Página/12 la abogada Marta Ramírez, del Centro de Estudios de Trabajadores Judiciales de la ciudad de Corrientes, que junto con un pequeño grupo de legisladores provinciales y dirigentes de entidades de Derechos Humanos habían comenzado en soledaduna cruzada para impedir el desalojo de las 16 familias que todavía viven en Yahaveré. Antes habían sido expulsadas de las tierras que ocupan desde fines del siglo XIX otras 23 familias que vivían en el paraje Ñu-Pui, ubicado en el departamento San Miguel.

Otra abogada, la cordobesa María Elba Martínez, del Servicio de Paz y Justicia de esa provincia, presentó un recurso de amparo a favor de los pobladores originarios de los esteros. En la presentación ante la Justicia de Buenos Aires se denunciaron “hechos de intimidación y amenazas, incluyendo disparos con armas de fuego en tierra y desde una avioneta, además de robo de animales domésticos y de cría, perpetrado contra habitantes de tres parajes de la provincia”, que son Yahaveré, Ñu-Pui y El Ciervo. Son señalados como “presuntos responsables” de los hechos la empresa Forestal Andina, que ha comprado otras 26 mil hectáreas, y la firma Conservation Land Trust, cuyo dueño es Tompkins.

En el texto de la presentación, al que tuvo acceso este diario, los pobladores sostuvieron que las dos empresas, “una de ellas extranjera”, han “forzado” a los pobladores a abandonar las tierras que ocuparon por tres generaciones, durante más de un siglo, sin haber exhibido “títulos (de propiedad) ni haber usado las vías legales a su disposición”. También se cuestiona al estado provincial porque “no ha tomado ninguna intervención frente a las intimidaciones”, por “no haber protegido a sus ciudadanos” y por “no haber brindado información suficiente acerca de las empresas mencionadas”. Respecto del gobierno correntino se señaló, además, que “al parecer, ha otorgado títulos de propiedad a las mismas (empresas) en violación de nuestros derechos, ya que somos poseedores de las tierras por más de treinta años y en algunos casos más”. Por las intimidaciones se presentó una causa penal contra personal de la empresa Forestal Andina. Los damnificados que firmaron la denuncia son miembros de diez familias, algunas de las cuales ya fueron desalojadas.

En un intento por descomprimir la situación, a partir del revuelo mediático sobre el tema, Douglas Tompkins anunció que está dispuesto a ceder parte de las tierras a fin de que se pueda abrir un callejón por donde puedan circular las familias de Yahaveré. De todos modos, según aclararon la abogada Ramírez e Hilda Pressman, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, para que esa zona pueda servir de corredor es necesario “que se construyan al menos dos puentes” porque hay sectores por los cuales es imposible circular a caballo, único medio posible, dada la profundidad que tienen las aguas de las lagunas en esos lugares.

La solución que propicia el gobierno de Corrientes es la de garantizar el manejo de los esteros, impedir los desalojos y buscar alguna salida equilibrada, sin llegar a la expropiación de tierras, que tampoco sería avalada por la Nación, según anticipó la semana pasada el secretario General de la Presidencia, Alberto Fernández. El gobernador Colombi, en caso de llegar “al extremo de la expropiación”, dijo, apelará a los proyectos presentados en ese sentido, en la Legislatura provincial, por los diputados Walter López y Marcelo Costa.