El hallazgo de los restos de la monja francesa Léonie Duquet –junto con el de las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Angela Auad– cerró el círculo de los vuelos de la muerte y se convirtió en la primera evidencia científica de que ocurrieron los asesinatos. La identificación de los cuerpos también permitió al fiscal Eduardo Taiano pedir que se amplíen los cargos de los doce represores a “privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio”, ya que cuando comenzó la causa sólo estaban imputados por “tormentos”.

Los represores fueron procesados en 1987, antes de que se dictaran las leyes de obediencia debida y punto final. Se los acusaba del secuestro de un grupo de familiares y amigos de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz, que comenzó con la infiltración de Alfredo Astiz, que fingía ser el hermano de un desaparecido, con el nombre falso de “Gustavo Niño”. Duquet fue secuestrada dos días después del 10 de diciembre de 1977, cuando se llevaron al grupo de familiares y a la monja francesa Alice Domon. Ese día se habían reunido para preparar una solicitada que luego saldría en el diario La Nación.

Entre los secuestrados estaban las madres fundadoras Villaflor, Ballestrino y Ponce, además de Auad, una militante de Vanguardia Comunista, y la monja Duquet, que pertenecía a la congregación de las Hermanas Extranjeras. Duquet se había vinculado en 1971 a las Ligas Agrarias de Corrientes y a otros movimientos campesinos e indígenas.

Como los cuerpos de los doce secuestrados no habían sido hallados en 1987, se les imputó únicamente el delito de “tormentos”. Luego la causa fue paralizada por las leyes de impunidad. Esto cambió con la identificación de cinco de los cuerpos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Las cinco habían permanecido como NN durante 28 años en el cementerio de General Valle, donde habían sido enterradas luego de que sus restos aparecieran en la costa de Santa Teresita y San Bernardo. Tras comprobar su identidad con un examen de ADN, descubrieron que las fracturas de sus huesos ratificaban que fueron lanzadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

A partir de la identificación, el fiscal Taiano pidió el cambio de carátula y el juez Sergio Torres convocó a los represores para ampliarles la declaración indagatoria. Y el “Angel Rubio” tuvo que volver a compadecer por sus crímenes.