El 23 de mayo de 1984 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.062 que le impide a la Justicia investigar a Isabel Perón por los hechos previos al golpe de 1976, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político, como prevé la Constitución, sino destituida por “un acto de rebelión”. Según la investigación publicada por Página/12 en su edición del domingo pasado, la ley fue el resultado de un proyecto “negociado” entre los jefes de los bloques radical y justicialista de la Cámara de Diputados a cambio del cual la ex presidenta se comprometía a regresar a la Argentina para desautorizar a la agresiva conducción partidaria de Lorenzo Miguel.

Página/12 le preguntó a Hipólito Solari Yrigoyen por el acuerdo. El ex senador, experto del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo consideró “inefable”. “Rechazo plenamente esa interpretación –dijo–, que es muy forzada. La ley, si existió, sin dudas no tuvo ese objetivo, además debo decirle que si así y todo alguien la invoca, la ley no tendría efecto, porque los tratados internacionales (como aquel por el cual la Justicia habilitó la reapertura de las causas al considerarlas como delitos de lesa humanidad) lee otorgan una jerarquía menor a las leyes internas.”