El gobierno porteño ya tiene listo el decreto en el que resuelve cómo seguirá la película de las construcciones de torres en seis barrios porteños, paralizadas desde noviembre por un decreto de Jorge Telerman. Es que el jueves vence el plazo de 90 días que el gobierno porteño se tomó para estudiar el tema, tras el reclamo de vecinos de distintos barrios, y adoptar medidas en consecuencia. El resultado de ese estudio –ya adelantado por este diario– es que en algunos puntos de la ciudad existen falencias en materia de infraestructura cloacal y de agua potable, por lo que se impondrá como requisito que la empresa Aysa otorgue un certificado de factibilidad para las nuevas edificaciones, como requisito para que sean extendidos los permisos de obra. Además, Telerman enviará a la Legislatura el proyecto del Plan Urbano Ambiental, la ley marco que determinará el perfil edilicio de la ciudad.

Según pudo saber Página/12, el decreto ya está redactado y está recorriendo los ministerios involucrados para que sus titulares le den el visto bueno antes de que el jefe de Gobierno estampe su firma y lo dé a conocer.

Como parte de las medidas que se darán a conocer, Telerman enviará además a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental, a partir del cual se decidirán las modificaciones en el Código de Edificación de cada barrio. Telerman aclaró que esa iniciativa apunta a que “con la discusión de los vecinos se van a decidir las modificaciones en el código de edificación de cada barrio”.

El Plan Urbano Ambiental fue elaborado por una comisión ad hoc que, después de ocho años de trabajo e innumerables consultas, llegó a lo que podría ser la versión definitiva del proyecto. Este proyecto debe aprobarse con doble lectura, por lo cual hay que convocar a una audiencia pública después de su primera aprobación y antes de convertirse en ley. Lo que sí pondría límites a la altura de la nuevas construcciones en los barrios es una modificación al Código de Planeamiento Urbano.

El 15 de noviembre, Telerman frenó por decreto el otorgamiento de nuevos permisos, por 90 días, en seis barrios porteños: Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez y Villa Pueyrredon. La Justicia porteña había dispuesto una medida similar en 16 manzanas de Caballito y otro fallo, a fines de diciembre, frenó nuevas obras en 45 manzanas de Las Cañitas y la Imprenta, en Palermo.

La medida generó la reacción del sector involucrado en la actividad: empresas constructoras e inmobiliarias, arquitectos e ingenieros y los obreros de la construcción. Fueron tantas las quejas que desde el gobierno se sugirió que la veda podría terminar antes.

Durante la veda, el Gobierno de la Ciudad recibió los informes de todas las empresas de servicios públicos sobre la situación de la infraestructura para soportar nuevas construcciones. Se sabe que no hay problemas con el suministro de gas, electricidad y teléfonos en toda la ciudad, pero según la empresa Aysa, se registran carencias puntuales en áreas de tres barrios: Caballito, Palermo y Villa Urquiza. Por eso, el gobierno porteño tenía previsto prolongar la restricción en esas zonas críticas hasta que se hicieran nuevas obras de infraestructura. Además, se firmará un acuerdo para que la compañía de servicios realice un informe de factibilidad técnica, previo al permiso que otorga la ciudad para construir.

Si bien la restricción impuesta por el Ejecutivo se va a morigerar, continuará con todo vigor en las dos áreas de Palermo y Caballito donde intervino la Justicia.