El presidente Juan Domingo Perón estaba al tanto del plan de eliminación de personas consideradas opositoras por José López Rega. Y si bien no lo avalaba, tampoco hizo nada para detenerlo. Esta es la conclusión que se desprende de la declaración que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, hizo ante el juez federal Norberto Oyarbide el 16 de enero pasado. “El ministro (Antonio) Benítez nos expresó que el general Perón había guardado silencio y que no había aprobado explícitamente la propuesta, pero que él estimaba que lo mismo iba a ser llevada adelante”, afirmó el funcionario.

El testimonio de Duhalde, al que Página/12 tuvo acceso, no había trascendido hasta ahora. Después de testimoniar, el funcionario optó por el perfil bajo. Pero su declaración es central para el expediente de Oyarbide. Duhalde era socio y amigo del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, una de las víctimas de la organización parapolicial de la derecha peronista. Y es un conocedor e investigador del tema. De hecho, el secretario de Derechos Humanos relató ante el juez su experiencia en la recolección del testimonio del ex policía Rodolfo Peregrino Fernández ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, organismo no gubernamental que coordinaba las denuncias de la dictadura en el exterior.

Acerca del conocimiento que María Estela Martínez de Perón tenía sobre el accionar de la banda parapolicial, Duhalde aseguró que no le constaba pero que “la actividad de la Triple A, a través de sus crímenes, era pública y notoria”. Y agregó que cuando en julio de 1975 se separa a López Rega del cargo “la señora María Estela Martínez mantuvo hasta el último momento su apoyo a López Rega, cediendo sólo cuando advirtió que las presiones eran irreversibles”.

Respecto del mismo Perón, relató que, unos meses antes del asesinato de Ortega Peña, supo de “las reuniones en el más alto nivel de gobierno” en las que se hablaba de “la implementación de un plan de eliminación de personas consideradas opositores y desafectos al gobierno” a través del ministro de Justicia de entonces, Antonio Benítez. Según Benítez, allí se proyectaron diapositivas de las posibles víctimas, entre ellas la de Ortega Peña, el mayor Bernardo Alberte, Julio Troxler y el propio Duhalde. “Benítez nos expresó que el general Perón había guardado silencio y que no había aprobado explícitamente esa propuesta, pero que él estimaba que lo mismo iba a ser llevada adelante”, dijo Duhalde. El funcionario citó los libros López Rega, la cara oscura de Perón de José Pablo Feinmann y El Presidente que no fue, de Miguel Bonasso, para completar la idea de que “Perón en declaraciones reconoció que varias veces le habían propuesto operar por fuera de la legalidad contra los elementos disidentes o subversivos” y que “si bien Perón señaló su pública oposición, no separó a López Rega de su lado y él continuó teniendo poder suficiente como para poder implementar su propósito”.

Además, Duhalde explicó que “cuando se habla de la Triple A deben diferenciarse situaciones”: los hechos cometidos por las Tres A en la estructura formada entre el Ministerio de Bienestar Social, la Policía Federal, las patotas sindicales y el apoyo del Ejército Argentino; otros crímenes implementados a través de las delegaciones de la Policía Federal con apoyo de las policías provinciales y de las Fuerzas Armadas. Y la provincia de Buenos Aires, donde esta estructura se apoyó en la organización juvenil Concentración Nacional Universitaria (CNU).