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- El recorte del 13 por ciento sobre salarios públicos y jubilaciones mayores a 500 pesos había sido resuelto por decreto de Cavallo y De la Rúa a mediados del año 2001.
- Fue en el marco del acuerdo del megacanje con el Fondo Monetario y en cumplimiento de la Ley de Déficit Cero.
- El fallo de la Corte declara la inconstitucionalidad de aquel decreto y ordena restituir los fondos descontados al peticionante, pero los fundamentos son de orden general y servirán como precedente a la resolución de cualquier otro caso que llegue hasta el Tribunal Supremo.
- El gobierno tendría, como alternativas, trabar la aplicación de los efectos del fallo mediante un decreto de necesidad y urgencia; esperar la presentación masiva de los afectados antes de empezar a devolver el dinero generando un colapso en el sistema judicial similar al provocado por el corralito, o proponer la devolución del dinero adeudado mediante bonos (pagos a largo plazo).
- Llevar los haberes a su valor original supondría un costo adicional al Presupuesto Nacional de 200 millones de pesos anuales.