EL PAíS › CIVILES COMPROMETIDOS EN EL TERRORISMO DE ESTADO

El Gobierno es querellante

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa por el secuestro de Jacobo Timerman y pidió la detención de un ex general y de siete civiles, entre quienes están Roberto Durrieu, uno de los asesores de Juan Carlos Blumberg, y Alberto Rodríguez Varela, el ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla. La acusación contra los ex funcionarios es haber participado en delitos de lesa humanidad. La secretaría sostuvo que “desde la gobernación bonaerense formulaban una persecución ideológica a periodistas, concurrían a los centros clandestinos de detención, impartían órdenes y hasta organizaban la propia represión”.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó el pedido de detenciones ante el Juzgado Federal de Arnaldo Corazza. La posibilidad de avanzar en el juzgamiento de los civiles que ocuparon cargos políticos durante la dictadura había sido anticipada cuando comenzó el juicio oral contra el capellán Christian von Wernich por los hijos de Timerman. Héctor –actual cónsul en Nueva York– mencionó por ejemplo la presencia de civiles en los interrogatorios a los que fue sometido su padre. Y el abogado de la familia, Alejo Ramos Padilla, hizo hace poco más de un mes el primer pedido formal para que se los detenga, solicitud a la que ahora se sumó la secretaría.

Se trata del mencionado Durrieu (viceministro de Justicia entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978), Rodríguez Varela (ministro de Justicia entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado bonaerense entre 1976 y 1978), Jaime Lamond Smart (ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1978), Juan María Torino Olivieri (subsecretario de Gobierno de la provincia entre abril de 1976 y marzo de 1979), Héctor Munilla Lacasa (ex subsecretario de Justicia de la provincia), Edgardo Frola (ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense), Roberto Bullrich (ex presidente del Banco Provincia). La solicitud incluye también a quien estaba por encima de los ex funcionarios, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Saint Jean.

Timerman fue secuestrado el 15 de octubre de 1977, cuando era director del diario La Opinión. El operativo fue ordenado por el general Guillermo Suárez Mason, por entonces comandante del Primer Cuerpo del Ejército, a cuya jurisdicción estaba sometida la provincia de Buenos Aires. Sus captores lo condujeron a diferentes centros clandestinos de detención regenteados por el general Ramón Camps, donde lo torturaron y sometieron a todo tipo de apremios. Su diario fue intervenido y clausurado.

Entre las pruebas de la participación de los ex funcionarios, los querellantes aportaron un párrafo del libro escrito por Camps (El caso Timerman), quien citó a estos civiles como integrantes de “un equipo especial” convocados por los militares para “colaborar con las operaciones” vinculadas con el secuestro del director de La Opinión. También mencionaron el libro Maldito tu eres (El caso Von Wernich), en el que el periodista Hernán Brienza señala que el objetivo de este grupo era catapultar al gobernador Saint Jean a la presidencia de la Nación.

La secretaría consideró también que el secuestro y los tormentos a Timerman “fueron una de las maneras utilizadas por el terrorismo de Estado para acallar a quienes denunciaban graves violaciones a los derechos humanos”. Se buscaba “al mismo tiempo aleccionar a otros periodistas para contribuir al disciplinamiento de la sociedad mediante el terror”.

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