“Vengo luchando desde hace muchos años, fui testigo tres veces en el Consejo de la Magistratura, con dos conformaciones diferentes, en la acusación contra ella; en 2002 la denuncié en París ante la Federación Internacional de Derechos Humanos y en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, y por último ante el juez español Baltasar Garzón”, dijo a este diario Federico Gómez, hijo del desaparecido abogado Conrado Gómez. Quienes presenciaron aquellas audiencias en el Consejo recuerdan que Gómez rebatió uno a uno los argumentos de la ex jueza. “Cuando empezamos parecía una utopía ir contra García, pero logramos que no le creyeran que hizo todo por su hermana”, agregó.

Pero la maniobra urdida en la ESMA fue la primera parte del despojo. “Detrás de esto hay una maniobra de un juez mendocino, Luis Plana Alcinet, con abogados cómplices que intentaron robar lo que la ESMA y los marinos no pudieron, ya en democracia”, explicó Gómez en alusión a las nueve hectáreas de Chacras de Coria que no fueron apropiadas por Will-Ri, la creación financiera de testaferros del ex almirante Emilio Massera y que no habían llegado a ser loteadas. “García fue parte del primer despojo, y esto es una señal para todos los civiles que fueron cómplices de los militares, y nos puede indicar que habrá justicia para otros hijos de desaparecidos que siguen reclamando, de que no debería haber impunidad para nadie, de que podemos avanzar en el caso del segundo despojo que no salió a la luz”, concluyó Gómez. Su abogado, Eduardo Barcesat, coincidió en que la responsabilidad civil durante la dictadura “sigue siendo una asignatura pendiente”, y apuntó que el caso de la ex jueza García “es una excepción porque tuvo un obrar concreto, pero en algún momento la Justicia deberá abordar la investigación de la responsabilidad de quienes ejercieron cargos ministeriales, secretarias de Estado y otras funciones en el gobierno de facto, y ni hablar de quienes detentaron el poder económico”.