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En Argentina viven 280 mil familias numerosas de 22 pueblos indígenas, y 220 mil familias campesinas, con al menos 1,5 millón de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios, siembran alimentos y crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra, no la consideran un medio para negocios, se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones. Estos dos actores centrales, pueblos originarios y campesinado, fueron sistemáticamente excluidos del debate del último mes, donde las cuatro entidades más tradicionales y conservadores del campo argentino realizaron un paro patronal inédito en el país.

Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Federación Agraria (FAA) se movilizaron y desabastecieron de alimentos las grandes ciudades por un principal objetivo: el aumento de su rentabilidad, bendecidos por el precio internacional de la soja. Los chacareros, sean grandes o pequeños, en ningún momento corrieron peligro de pérdidas económicas, pero sí (luego de una medida impositiva del Estado) estuvieron a punto de ganar menos dinero del esperado.

Durante semanas, manifestaciones y cruces verbales de variados tonos, las entidades tradicionales y el Gobierno silenciaron los siguientes temas:

Negocios. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997, en Argentina se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. Es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite. Las exportaciones de soja y sus derivados, en 2007, fueron por 11.000 millones de dólares. Argentina ya no produce alimentos y en el país no se come soja. La demanda proviene de Europa y China, donde es utilizada para alimentación animal.

Desalojos. El modelo de agronegocios basado en la soja transgénica desalojó, en los últimos diez años, 300 mil familias de campesinos e indígenas, que tuvieron como destino barrios empobrecidos de las grandes ciudades.

Desmontes. En sólo cuatro años, y por el avance de las plantaciones de soja, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora.

Concentración. El modelo agropecuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concentración. El último censo agropecuario confirma: el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentra el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

Desempleo. Mil hectáreas de soja pueden ser manejadas por sólo cuatro personas. Un tambo con esa superficie requiere, de mínimo, veinte trabajadores. Si esa porción de tierra estuviera en manos de familias campesinas indígenas, implicaría trabajo para 350 personas.

Salud. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros de glifosato, un agrotóxico denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Las acusaciones apuntan a la mayor semillera del mundo: Monsanto.

Empresas. Las compañías con mayor rentabilidad del negocio sojero (exportadoras y proveedoras de insumos) son Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus, Dow y Basf, entre otras. Ninguna de ellas fue cuestionada en el reciente conflicto.

Explotación. 1,3 millón de personas trabajan en el campo. El sueldo generalizado es de 1250 pesos al mes. Es considerado, por el propio Estado, el trabajador peor remunerado, el que padece las peores condiciones de trabajo y el más explotado. Aún se les paga con comida y viviendas precarias, en condiciones cercanas a la esclavitud. Además, el 75 por ciento de ellos está “en negro”, sin contrato de trabajo, cobertura de salud, aportes jubilatorios ni seguro por accidentes.

Diferencias. Durante el paro patronal, se utilizó como punta de lanza la situación de un “pequeño productor” con 100 hectáreas. En términos puramente económicos: cada hectárea se alquila a 200 pesos por mes, 20 mil pesos cada treinta días, 240 mil pesos al año sólo por alquilar su tierra. Si este propietario es “pequeño productor”, ¿cómo debiera llamarse a una familia campesina o indígena con veinte hectáreas, cien chivas y huerta para autoconsumo?

Futuro. La industria de los agronegocios tiene dos próximas metas en Argentina: introducir a su negocio diez millones de hectáreas (en detrimento de productores familiares) y los agrocombustibles (la creación de combustible a partir de soja), negocio con el que pretenden avanzar sobre otros cuatro millones de hectáreas de campesinos e indígenas.

Otro modelo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15.000 familias de siete provincias, no fue incluido en las discusiones. El MNCI, con similitudes al Movimiento Sin Tierra de Brasil y los zapatistas mexicanos, fomenta la organización de los más pobres y marginados del campo argentino, la base de la pirámide rural. Dos de sus propuestas centrales son la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, lo que implica un cambio de modelo agrario. Cuestión de fondo que las cuatro entidades tradicionales, y el Gobierno, prefieren no hablar.

* Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina. Conformado por 9000 familias del monte, que viven de lo que producen y rechazan el modelo sojero.

Publicada el 25 de abril de 2008.