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Las carreras de comunicación, reunidas en la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) que agrupan a 44 instituciones de enseñanza superior universitarias públicas y privadas de todo el país, presentaron su contribución a la Comisión redactora del proyecto de ley de comunicaciones en una audiencia en la que estuvieron presentes Carlos García Da Rosa, Diego de Charras y Daniel Badenes representando a las dos instituciones. En el documento entregado al Ente Nacional de Comunicación (Enacom) se comienza recordando la amplia participación que las unidades académicas tuvieron en la elaboración y posterior implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), subrayando también que “hemos sido sumamente críticos del DNU 267 del actual gobierno, que legisló incumpliendo el principio de legalidad dispuesto por el estándar internacional en la OC 6/86 de la Corte IDH e implica un grave retroceso en materia de derechos”.

Sostienen también los representantes del sector académico que el desarrollo de una nueva ley “debe partir de un amplio debate con la sociedad, que recoja los aportes de toda la ciudadanía en tanto titular de los derechos que la legislación debe garantizar”. Y agregan que “la instancia participativa no debe agotarse en un momento inicial de recolección de aportes de distintas organizaciones, sin conocer un borrador del proyecto en desarrollo”.

Luego, en un documento de ocho páginas al que se anexan también los “21 puntos” aprobados el 3 de marzo de 2016 en el Congreso Nacional por una Comunicación Democrática, se sostiene que “la ley de comunicaciones debe tener como punto de partida la consideración de la comunicación como derecho humano, lo que implica una total adhesión a los estándares definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por la Unesco para la promoción de la diversidad, el pluralismo y la libertad de expresión”. Subrayan además que “cualquier eventual contradicción entre los principios antedichos y los criterios de organismos como la OMC, el Ciadi o la UIT debe resolverse privilegiando la perspectiva de los derechos humanos”.

Sobre la base de estos principios el aporte de los académicos e investigadores hacen consideraciones acerca de la institucionalidad, los límites de la concentración, el reconocimiento de los medios universitarios y los medios comunitarios como actores fundamentales de la comunicación audiovisual, los criterios de transparencia en la extensión y prórroga de las licencias, la definición del cable como servicio audiovisual, entre otros temas.

Se solicita también la recuperación de la legislación derogada respecto de la tarifa social para los servicios audiovisuales, la elaboración de una política nacional de fomento al pluralismo, la fijación de criterios sobre los medios públicos y la publicidad oficial, así como definiciones sobre la determinación de servicio público aplicada a todo servicio de tecnologías de información y comunicación. Otras contribuciones se refieren a la “neutralidad de la red” para permitir el acceso y uso libre de Internet”, así como la “determinación clara de actores con poder significativo de mercado de manera de establecer con claridad lo que se denomina “poder dominante, poder significativo o poder monopólico”.