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Este título remite a la exposición de un trabajo que realizamos durante cinco años de práctica continuada. Se trata de una primera conclusión relacionada con la formación universitaria de los egresados cuando buscan insertarse profesionalmente en el Estado, como empleados públicos; en este modelo aportando sus conocimientos en los ámbitos de las políticas públicas.

Por lo tanto, no se espere una exposición doctrinaria que vincule el psiconálisis como teoría con una teoría social referida a las políticas públicas. Estas políticas se ocupan de compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que la razón sustantiva es alcanzar el bien común. Relación que se enmarca en el mundo de las necesidades sociales y económicas de la población, también de las urgencias políticas, del cambio cultural permanente, de la revalorización de la información y del manejo de símbolos y significados involucrados en la acción pública, según la enunciación de J. Podestá.

La teoría y la metateoría freudiana evidencian puntos de aplicación en los diseños de políticas públicas, por ejemplo el trabajo como una necesidad fundante del sujeto fue categorizado por Freud de manera rotunda en lo que hoy denominamos construcción de la subjetividad. Psicoanalíticamente podemos sostener una discusión política en cuanto a la imprescindible necesidad ocupacional del sujeto, fundamental para su equilibrio personal y el anclaje social, analizando qué se le solicita en el lugar en el que trabaje cuando ofician las políticas públicas. Me referiré al trabajo que permite relacionar egresados con formación psicoanalítica y su maridaje con las políticas públicas. Maridaje asociable a trabajo como deseo de saber que mediatiza 1) lo que se trae puesto (aprendido) con 2) la práctica como empleado del Estado que se ocupa de las víctimas de determinados delitos (en este caso violencia familiar, abuso sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes infiltrada en el turismo en el Programa las Víctimas contra las Violencias, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación). Podría pensarse, extrapolando los términos, en “transferencia de trabajo” de lo aprendido en la universidad para aplicarlo en la institución estatal (el lugar de trabajo incluye intervenciones en terreno).

El profesional ofrece sus conocimientos y saberes para colaborar con actividades que son públicas, dirigidas desde oficinas públicas a cambio de remuneración. La afirmación redundante es imprescindible, porque la negación del estatuto que como empleado público calificado tiene el profesional que se emplea en el Estado constituye un avatar de conflictos negados y desestimados por los colegas.

Desde la perspectiva de nuestro trabajo con ciudadanos que solicitan amparo y atención es riesgoso utilizar modelos y marcos conceptuales de siglos anteriores, por consagrados que hayan sido. También privilegiar de manera excluyente tesis y prácticas derivadas de los países centrales y sostener de esa manera generalizaciones espurias, como lo diría Sousa Santos.

Los conceptos psicoanalíticos (cualquiera fuese la teoría) dirigidos al trato con pacientes o analizandos con los que los colegas llegan a los ámbitos de las políticas públicas constituyen, con frecuencia, un obstáculo teórico para realizar un trabajo de campo y para posicionarse como profesionales que forman parte de una sociedad con cuyos miembros habrán de trabajar en representación de un Estado, asumiendo además la categoría de funcionario.

La histórica dupla que divide Estado, por una parte, y sociedad civil, por otra, es la que nos conduce a separar, por ejemplo, lo económico de lo político. En nuestra formación aparece secundarizada la conciencia política que pone sobre el tapete un hecho clave: históricamente, desde el Medioevo, la enseñanza universitaria es una educación de elite destinada a promover la denominada cultura-sujeto. De allí parte la centralidad y la hegemonía de las universidades, diferenciándose de los saberes y discursos populares de la sociedad civil que responde a su propia lógica de producción, que es la que nos encontramos en los consultantes de hospitales y en las víctimas que acompañamos.

“De la falla a la patinada”

En estas circunstancias si privilegiamos un posicionamiento psicoanalítico inspirado en las prácticas de consultorio se arriesga, al decir de Lacan en el Seminario 24, desde la “falla a la patinada; la una equivocación”.

Al mantener esa polaridad, cultura-sujeto y perspectivas discursivas y actuadas cualquiera sea la pertenencia social de quien nos solicita, queda sellado el vínculo entre nosotros, los universitarios y las víctimas, los necesitados. Omitiendo que no-sotros también provenimos de la sociedad civil, que hemos sido legitimados por la institución universidad, pero estamos contratados para trabajar para y con políticas públicas. Este es un primer cortocircuito que se mantiene latente y puede no esclarecerse en el pensamiento de los colegas. Les resulta complejo asumir que si trabajasen en un consultorio privado, en caso de enfermarse deberían suspender la atención al paciente y no cobrarían honorarios. Tampoco advierten que cuando vacacionan tampoco cobran honorarios, ni logran pensar en términos de lo que se denomina “obra social” de la que disponen, o jubilación que resulta de acumular años en el Estado, lo cual no necesariamente sucede en la práctica privada, salvadas sean las prácticas sociales privadas. O sea, se resisten a reconocerse como trabajadores que además son empleados públicos.

Lo cual constituye una negación masiva o una desmentida, doblemente grave cuando tienen que asumir las sanciones a las que se han hecho acreedores por violación o incumplimiento de contrato estatal y entonces los profesionales liberales repentinamente descubren que les asiste el derecho que los sindicatos les aportan. (Vale la pena recordar que en nuestro país, los sindicatos guardan la memoria de Tosco y Ongaro, jugándose la vida por los derechos sindicales para los trabajadores.) El análisis de esta paradoja constituye una delicia intelectual.

Efectos de los años ’80-’90

Se advierte una contradicción que implica ingresar en la función pública legitimados hegemónicamente por aquello que la universidad nos transmitió y que en el período del capitalismo liberal –décadas ’80 y ’90– ya estaba en desfase con las exigencias sociales emergentes. Los profesionales que trabajaban para y en la función publica aplicaron la cultura-sujeto propia de la universidad, mediante el psicoanálisis, considerado el paradigma de los conocimientos como si fuera la única alternativa, y actualmente nos encontramos con que el único instrumento con el que cuentan los profesionales contratados para el trabajo con víctimas es la derivación a tratamiento psicoanalítico. Conocemos las excepciones.

Otras son las intervenciones en las que los psicólogos participan cuando desde el Equipo del Programa que se dedica a Violencia Sexual acompañan a una adolescente víctima de violación a la fiscalía o al juzgado para testimoniar en qué estado la encontramos cuando las profesionales, convocadas obligatoriamente por seccional policial a la cual recurrió la víctima, ingresamos en la comisaría para acompañarla en su declaración y trasladarla al hospital. Nuestros recursos pueden resultar insuficientes para explicarle a ese magistrado que estamos delante de una víctima y no ante el goce de la mujer violada, cuya demanda sería necesario registrar verbalmente para poder asumirla, como suelen pensar algunas colegas. Cuando actuamos de modo testimonial ante un tribunal, puesto que fuimos nosotras quienes presenciamos en qué estado se encontraba inmediatamente después de la violación, reconociendo su vulnerabilidad extrema, precisamos saber que es una persona que ha padecido un ataque contra su integridad sexual, en el ámbito de su dignidad y su libertad, cuya recuperación incluye localizar al violador para arrestarlo. Precisamos que ella mantenga y ratifique su denuncia reclamando al Estado una política pública que detenga al agresor.

Las concepciones psicoanalíticas pueden resultar insuficientes en situaciones de esta índole porque debemos discernir nuestra hegemonía universitaria de corte psicoanalítica diferenciándola de otra hegemonía más elitista que se llama la corporación de los magistrados, que casi ine-vitablemente desconfiará de la víctima. En esas intervenciones, la hegemonía universitaria con sede en el Derecho evidencia su autoritarismo elitista difícil de desactivar si nuestra formación no ha sido atravesada por los Estudios de Género. O sea, por una formación política que no es de la que disponen quienes llegan entrenados exclusivamente desde el psicoanálisis destinado a consultorio.

Nos encontramos entonces con que el Estado no necesariamente tramita como política pública eficaz la capacitación de los funcionarios de la Justicia en temas asociados con las violencias sexuales y, por otra parte, lo que padecen los colegas cuando se incluyen en estas políticas públicas en busca de trabajo. Porque proceden desde un “nosotros” netamente diferenciado de “los otros”, las víctimas, al mismo tiempo que pueden padecer los efectos de una terceridad (la jurídica) en una asimetría dolorosa. Porque siendo un “nosotros” psicoanalítico no dispone de lectura para las víctimas como tales y, al mismo tiempo, quedan jaqueados por otros universitarios (del Derecho y la Medicina) que no les reconocen estatuto por el hecho de ser psicoanalistas si carecen de la dialéctica argumentativa que aporta la práctica en terreno y el estudio de otras disciplinas.

En estas situaciones carentes de un marco teórico abarcativo, sin entrenamiento en el saber acerca de las políticas públicas, estos profesionales pueden convertirse en sujetos frustrados carne de burn out. También en enemigos saboteadores de los procedimientos de la institución que los contrató. Sólo pueden aplicar lo que han aprendido con absoluta certeza de estar procediendo “como se debe” y protagonizan “de la falla a la patinada”, porque las víctimas no los reconocen como cercanos; tampoco cuentan con argumentos para que algunos jueces y fiscales –a veces médicos– actúen conforme al derecho de las víctimas.

Al desencanto por estas experiencias se suma la ira contra aquellos que nos impotentizan desde sus dolores y necesidades porque son personas que, en su demanda, en sus cuerpos, en sus lógicas, no se incluyen fácilmente en los cánones que estos colegas han incorporado como la base y el soporte de sus conocimientos.

Sin embargo, existe lo aprendido, ensobrado y disponible para seleccionar lo que conviene; psicoanalíticamente ayuda el saber que no se sabe si lo discernimos del no saber qué hacer concreto delante de la víctima cuando es preciso reconocer la emergencia como demanda. Y la perentoriedad de resolver la urgencia.

Como oficiantes de políticas públicas, podemos encontrar el recurso humano en nosotros; proviene de haber comprendido que quienes estamos “en falta” somos quienes insistimos en aplicar modelos provenientes de países centrales sin matizarlos y actualizarlos y obturamos la perspectiva política que precisamos para trabajar en el ámbito de las políticas públicas, con las cuales es preciso establecer el maridaje, empezando por conocerlas si pretendemos que desde ellas provengan las remuneraciones y las satisfacciones que buscamos. Si mantenemos abierto el sobre donde ensobramos lo que aprendimos como teorías psicoanalíticas, cualquiera sea su orientación, es posible recordar que los maestros Freud y Lacan siempre terminaron peleándose con las instituciones de donde provenían, porque reconocieron el encierro de la enseñanza hegemónica.

* Síntesis de la conferencia inaugural en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis (Flappsip) y VI Congreso de Flappsip, 19 de mayo.

Buenos Aires.