Cada vez son más los españoles que sospechan que la decisión de modificar la Constitución para congelar el gasto público se produjo entre gallos y medianoche. Es que el Parlamento regresó de sus vacaciones decidido a reformar el artículo 135 para fijar un techo al déficit. En el caso de las administraciones públicas el gasto no podrá superar el 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto a partir de 2020, que se repartirá entre el 0,26 por ciento para la administración del Estado y el 0,14 por ciento para cada comunidad autónoma. En su estrategia política, los antagónicos Partido Popular y Partido Socialista Español se comprometieron a aprobar ese tope antes del 30 de junio de 2012. Se empeñan, a su vez, en argumentar que el proyecto contribuirá al Estado de Bienestar. Mientras tanto, los partidos nacionalistas y la izquierda parlamentaria hablan de la necesidad ineludible de convocar a un referéndum para que la sociedad se exprese. Sostienen, además, que la iniciativa representa una ruptura del proceso constituyente.

En las plazas y en las calles otros tantos creen que el sistema político español –estructurado alrededor del bipartidismo– no los representa y siembra el descontento. Hoy, mañana y el miércoles la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO) acompañarán las protestas fogoneadas desde hace meses por los indignados del 15-M. “Han dejado muchos pelos en la gatera con este debate tan urgente”, sostiene Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida (IU) y de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en una entrevista exclusiva con Página/12. Durante la sesión donde se aprobó el tratamiento de la reforma, Llamazares llamó a los diputados a rebelarse –en particular, a los socialistas– para forzar la consulta popular.

–Reunir al 10 por ciento de diputados (35 legisladores) y senadores (26 parlamentarios) necesarios para celebrar el referéndum parece imposible después de que sólo 16 diputados rechazaron la reforma.

–Todavía queda el período de enmiendas al texto que el Congreso de los Diputados tratará el viernes. Lo más seguro es que no haya enmiendas y el texto no regrese al Congreso. El miércoles se votará en el Senado. A partir de ese día tenemos quince días para recoger firmas y pedir el referéndum.

–Usted señaló que el PSOE y el PP ningunearon al resto de los diputados y rompieron el proceso constitucional.

–La sesión del martes fue un trámite desde el momento en que (PSOE y PP) consideran que su mayoría les permite hacer lo que quieren. Para el resto de los grupos políticos ha sido un mal trago porque un tema tan importante como la Constitución se reforma por una vía que consideramos fraudulenta.

–Además, reconoció que a partir de la reforma se sustituye la soberanía ciudadana por la soberanía de los mercados.

–Hay una presión clara por parte de los mercados. Así lo han exigido el eje franco-alemán y el Banco Central Europeo. Eso muestra una sumisión del gobierno a las exigencias externas. Parece que la Constitución ya no se basa en la voluntad popular, sino en la presión de los mercados y de las instituciones financieras. Estamos ante un golpe de mercado. Los organismos financieros han convertido a la política económica en una política de excepción donde la mayor parte de las leyes económicas han salido mediante decretos, sin debate parlamentario.

–¿Qué contexto político se abre con la reforma de la Carta Magna más allá de un Estado permeable a las presiones externas?

–En 1876, en España hubo un golpe contra la República que inauguró un período de restauración borbónica, alternancia conservadora en el gobierno y el fin de la descentralización. Hoy estamos ante una nueva restauración en el sentido de que esta reforma abre paso a un duro período conservador, por acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas, donde los derechos sociales se acomodarán aún más a la economía especulativa y a los mercados. La reforma supone sacralizar el déficit y la deuda de tal manera que esos puntos sean prioritarios sobre cualquier otra medida presupuestaria. Al mismo tiempo, discrimina o sacrifica las políticas sociales y las posibilidades de iniciativa pública para salir de la crisis, subordina el Estado social atándole las manos, introduce políticas neoliberales a la Constitución con una línea política que ha fracasado y que pretende aplicar una cura para caballos para sacarnos de la crisis.

–¿En qué posición quedan el PSOE y el PP de cara a la votación en el Senado?

–Le puedo asegurar que no están contentos. Esta victoria no contó con la pluralidad que pudo haberles dado el apoyo del Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego y otros partidos nacionalistas como el PNV (Partido Nacionalista Vasco). Representa una merma muy importante de credibilidad y legitimidad de este primer paso de la reforma. Espero que aquellos que se prestaron a un golpe contra la Constitución lo paguen en las próximas elecciones.

–También afirmó que la Constitución española está encerrada en un corralito.

–Con esta reforma, la Constitución se encuentra acorralada por un bipartidismo que se ha convertido en comisario de los mercados. El intento de secuestro de la voluntad popular con respecto al referéndum está provocando un fuerte movimiento popular. Los sindicatos mayoritarios convocaron a varias manifestaciones para estos días.

–¿Cómo se inserta el movimiento 15-M en este nuevo escenario?

–En las redes sociales hay más de 100 mil firmas pidiendo el referéndum y está empezando a haber movilizaciones en las calles. La insurrección que estamos viviendo tiene mucho que ver con el 15-M y con el pedido de “democracia directa ya”, expresiones que se acentúan con el golpe de mercado.