La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), avanzó en la discusión del proyecto que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros. El debate se logró a pesar de los faltazos de las comisiones de Agricultura, liderada por el radical Juan Casañas, y Asuntos Constitucionales, a cargo de la peronista federal Graciela Camaño. Más allá de la puja política entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa presenta cierto consenso entre los bloques. Ayer quedaron esbozados algunos cambios a la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, se incluirá una protección más taxativa a los recursos naturales como bosques, lagos, ríos y patrimonios culturales. También limitarán las compras de los Estados extranjeros que actúen como personas jurídicas y se esbozará un artículo para evitar restricciones a aquellos extranjeros que tengan una permanencia en el país superior a los diez años. La semana que viene, Ibarra convocará nuevamente a un plenario con la intención de emitir un dictamen. Camaño ya dijo que sí, sólo falta el aval de Casañas. Si no se logra un acuerdo, los legisladores emplazarán en el recinto a las comisiones ausentes.

En el Congreso hay 15 proyectos que buscan regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras. En 2010, la Comisión de Legislación General encabezó dos encuentros para abordar el tema, junto a las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales. Pero como este año la iniciativa se volvió estratégica para el Poder Ejecutivo, algunos diputados de la oposición retiraron su “voluntad”. Las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales faltaron a los últimos dos plenarios.

La organización que más ha bregado por esta iniciativa es la Federación Agraria, que tiene un proyecto redactado desde 2002. Durante la presidencia de Ricardo Buryaile al frente de Agricultura, los federados no tenían demasiadas expectativas en avanzar sobre esta cuestión. Pero cuando asumió el radical Casañas, obtuvieron su compromiso de que apoyaría la iniciativa. El radical, candidato a la vicegobernación de Tucumán en las elecciones del domingo pasado, se afilió a la FAA en 2008, en pleno conflicto agropecuario. Su presencia en los cortes de ruta le valió el apoyo de los dirigentes gremiales.

“Su labor nos defraudó un poco. Pensábamos que iba a seguir la línea de FAA pero no fue así. Espero que Juan convoque a su comisión y dé su apoyo a este proyecto, que será en beneficio de todo el país”, sostuvo a Página/12 Miguel Pérez, presidente de la filial de Tucumán de FAA.

“Tengo la sensación de que el oficialismo quiere tratar su proyecto sin dar amplio debate”, manifestó Juan Tunessi, legislador de la UCR. Sin embargo, antes de su exposición, parte de la oposición ya había planteado algunos cambios, que fueron bien recibidas por el FpV. De hecho, el abogado Eduardo Barcesat, asesor externo del Ministerio de Agricultura, ya se encuentra reescribiendo varios de los artículos del proyecto.

La primera en pedir algunas modificaciones fue Verónica Benas (SI), quien insistió en la necesidad de especificar algunas restricciones en las llamadas zonas de seguridad de frontera y la protección de los recursos naturales que se encuentren dentro de un campo. “Se especificará que cualquier transacción realizada por extranjeros debe ajustarse a la ley de seguridad de frontera”, explicó a este diario Barcesat. También se incluirá la protección de los recursos naturales.

El proyecto del Ejecutivo establece que sólo podrá estar en manos extranjeras el 20 por ciento del total de tierras rurales. El oficialismo aceptó especificar que ese tope del 20 por ciento correrá también para las provincias, municipios y departamentos. Otra de las limitaciones establece que un mismo comprador no podrá adquirir más de 1000 hectáreas. Varios legisladores, como Pablo Orsolini (UCR), indicaron que sería mejor hablar de unidades económicas –que es una medida definida por cada provincia–, en vez de hectáreas. Según indicó Barcesat, se especificaría un límite máximo de 1000 hectáreas en la Pampa Húmeda y su equivalente en las distintas zonas del país, conversión que deberá hacerse por la autoridad de aplicación, siguiendo determinados criterios.

Uno de los aspectos más complejos de la iniciativa tiene que ver con la creación del registro de tierras rurales. La norma prevé su finalización en un plazo de 180 días desde su sanción. Sin embargo, la información no es homogénea y los registros no están actualizados. “Antes debemos tener un registro actual sobre quiénes son los dueños de la tierra. Hoy no sabemos qué cantidad de territorio está en manos de extranjeros, por eso no podemos fijar el límite”, afirmó Lisandro Viale (PS).

Más allá de estas posibles modificaciones, el proyecto conservará su espíritu central, que es considerar a la tierra un recurso natural no renovable. Además, la compra-venta de este recurso dejará de ser considerada una inversión. De esta manera, las operatorias quedarán por fuera de los Tratados Bilaterales de Inversión y una posible injerencia del Ciadi. Para la semana que viene, Camaño se comprometió a asistir al plenario, que sería el jueves. Todavía falta la confirmación de Casañas.