El titular de la Agencia Gubernamental de Control –el área que concentra las inspecciones de comercios en el Gobierno de la Ciudad– admitió ayer que existen personas que trafican influencias a cambio de dinero para lograr habilitaciones de comercios y reconoció que su área no puede hacer demasiado para combatir a esas organizaciones. No defendió a los funcionarios sospechados y renunciados en el área, aunque tampoco los acusó. “Estoy en desventaja ante gente que menciona nombres de funcionarios para acelerar un trámite”, dijo Ibáñez, en un tramo de su informe ante la Comisión de De- sarrollo Económico de la Legislatura. El funcionario fue convocado para dar explicaciones sobre la causa en la que, por presunta extorsión, aparece involucrada una funcionaria de la AGC que renunció hace tres semanas.

Ibáñez fue convocado a la Legislatura a raíz de la investigación del juez Juan Ramos Padilla en la cual quedaría al descubierto una presunta red de tráfico de influencias y extorsiones que a cambio de dinero tramitaba habilitaciones y evitaba inspecciones y clausuras. En las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez, uno de los imputados dialoga con la entonces directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, sobre la habilitación de un espacio para el funcionamiento del circo Servian, ente otras conversaciones comprometedoras. Tres días después de que Página/12 publicara detalles de la investigación, la funcionaria presentó su renuncia.

En la audiencia, que duró tres horas, estuvieron presentes familiares de las víctimas de la tragedia de Beara, el boliche de Palermo en el que, hace casi un año, murieron dos chicas como consecuencia del derrumbe de un entrepiso. También estuvieron integrantes de la agrupación Que no se Repita, que reúne a familiares de víctimas de Cromañón. “La Corrupción mata”, “Justicia por Beara” y “AGC: Agencia Gubernamental de Cohecho” fueron algunas de las frases esgrimidas en pancartas por los familiares, dentro de la audiencia.

Ibáñez manifestó que desconocía el contenido de las escuchas telefónicas, pero a la vez aseguró que su voz no aparecía en ellas. Incluso destacó su papel como “denunciante” en esa causa. Aseguró que no conocía a los imputados en la causa, Leandro Camani y Federico Garaglia, ni al abogado Matías Pantarotto, defensor de los imputados por la tragedia de Beara. Pero contó que había recibido varios pedidos de audiencia de Pantarotto, el último de ellos el martes, “en carácter de urgente, para que se apruebe la habilitación de un local contiguo a Beara y que de lo contrario me iba a denunciar al juez Ramos Padilla”, dijo Ibáñez. Y aseguró que no le concedió la entrevista.

El funcionario no respondió a los cuestionamientos por la irregular habilitación de Beara, pero sí dijo que si la Justicia hubiera confirmado rápidamente la clausura del local impuesta por la AGC, la tragedia no hubiera ocurrido. En ese sentido, reclamó la sanción de un proyecto de ley que modifica el procedimiento, de manera de hacer más rápida la intervención de la Justicia, en casos de apelaciones de las clausuras.

Tampoco dio explicación Ibáñez a una consulta realizada por la diputada Rocío Sánchez Andía: por qué dos boliches top, Terrazas del Este, en Punta Carrasco, y Tazz, en Costa Salguero, fueron habilitados en áreas zonificadas como Urbanización Parque (UP) o Urbanización Futura (UF), donde no está permitido ese tipo de uso.

También fue consultado sobre el sistema de asignación de profesionales verificadores de habilitaciones, ante las quejas de supuesta arbitrariedad en el otorgamiento de inspecciones. Y sobre el concurso para la designación de directores en la AGC, respecto de lo cual admitió haber designado como uno de los jurados a su padre, el abogado Lucio Ibáñez.

La presidenta de la comisión convocante, Delia Bisutti, opinó: “Lo que hizo Ibáñez fue correrse de los funcionarios a su cargo que están sospechados. Pero él tenía información y no le pidió la renuncia a nadie. No nos convenció”.