En la provincia de Corrientes se pide un certificado policial de buena conducta para la inscripción de adolescentes y jóvenes en escuelas medias e institutos terciarios y de capacitación laboral. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, la oficina local del Inadi y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteco) calificaron la exigencia como “discriminatoria” y “excluyente” y pidieron al gobierno provincial que la elimine. La directora de Enseñanza Media provincial, Nélida Cedrolla, admitió que ese requisito se solicita en algunos establecimientos, pero aseguró que “no es obligatorio”. De todas formas, justificó la medida: “Es muy importante como medida preventiva para las autoridades de los establecimientos educativos”, afirmó. Especialistas en educación cuestionaron en durísimos términos el requisito.

“Hemos detectado que en algunas escuelas secundarias públicas y en institutos terciarios y de capacitación laboral se exige para la inscripción, junto con el DNI y el certificado que acredita el nivel de instrucción, un certificado de buena conducta expedido por la Policía provincial”, precisó a Página/12 Hilda Presman, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Entre otros lugares, exigen el certificado policial el Instituto de Formación Superior Islas Malvinas y los institutos de formación en idioma y en música de la capital provincial, enumeró Presman. “Si la directora de Enseñanza Media dice que no es obligatorio, entonces ¿para qué lo piden? Lo hacen por el puro gusto de discriminar y estigmatizar, o descartar al que tuvo antecedentes penales”, consideró Presman. “Porque el que sabe que tuvo problemas con la Justicia es probable que ni siquiera se anime a inscribirse. Me preocupa que en los lugares en que se puede obtener una salida laboral inmediata, como los institutos de capacitación laboral, en vez de facilitar el acceso a jóvenes en riesgo se lo obstaculiza”, agregó.

La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes junto con la Red Provincial de Derechos Humanos, la sede local del Inadi y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteco) elevaron en las últimas semanas una nota al Ministerio de Educación de la provincia en la que reclamaron la derogación de ese requisito de inscripción que calificaron como una práctica residual del “autoritarismo que conformaron un sistema educativo excluyente y no democrático”.

“Si el aspirante hubiera cometido alguna infracción a normas, el haber saldado con cumplimiento de pena su delito, lo reinserta como ciudadano pleno. Y aun mientras está cumpliendo pena, goza del derecho a recibir educación acorde a su nivel de escolaridad”, señalaron las organizaciones en un comunicado de prensa. Y agregaron: “Todos los estudios que sistematizan el comportamiento de personas privadas de la libertad y de aquellas que ya han egresado de la reclusión, demuestran que la educación determina el éxito de la reinserción social, por lo que la exigencia del certificado de buena conducta carece de sentido y suma un escollo económico y de tiempo a las gestiones de ingreso”.

La exigencia no es nueva en Corrientes en el nivel superior. Este año, además, se agregó en algunas escuelas secundarias. “El año pasado tuvimos que intervenir por un aspirante a ingresar a primer año del profesorado de Educación Física de la ciudad de Corrientes, a quien le negaron la inscripción por no presentar el certificado. Hicimos una denuncia judicial y las autoridades educativas se retractaron. Pensamos que este año no iban a volver a insistir”, indicó a Página/12 la educadora Elsa Sartor, profesora del Instituto de Servicio Social de la capital provincial e integrante de la Red Provincial de Derechos Humanos. A su nieta le pidieron el certificado policial para inscribirse en el colegio secundario Hipólito Yrigoyen, de la misma ciudad.

La directora de Enseñanza Media de Corrientes, Nélida Cedrolla, salió a responder las críticas. En declaraciones a medios provinciales afirmó que “si bien no es un requisito fundamental y obligatorio presentar el certificado de buena conducta para la inscripción, es muy importante como medida preventiva para las autoridades de los establecimientos educativos”. La funcionaria insistió en que “no es una cosa obligatoria, aquel tutor que no quiera presentar, puede no hacerlo”. Pero reconoció que en algunas escuelas con problemas de inseguridad sí se puso más énfasis en la presentación de ese documento. Página/12 intentó hablar con Cedrolla, pero ayer no la encontró en su despacho. En su lugar, respondió Ana María Alsogaray, supervisora general de Enseñanza Media.

–Si no es obligatorio y ustedes alegan que tampoco es excluyente, ¿cuál es el espíritu de pedir ese certificado? –le preguntó este diario.

–Es parte de los antecedentes del chico que el establecimiento debe tener. Pero no es una cuestión que lo deje afuera –aseguró.

“Yo, como docente, tengo que saber en cuál contexto está mi establecimiento educativo, pero no cuáles son los antecedentes de un chico en particular. No se puede plantear esta diferenciación”, opinó Sartor.

Gerardo Marturet, dirigente de Suteco y secretario de Derechos Humanos de Ctera, anunció a este diario que desde el gremio se hará una presentación ante el Inadi. “En la medida en que un joven o un adolescente tiene antecedentes penales y le piden el certificado es muy probable que ni siquiera se vaya a presentar después a la escuela. Finalmente es un requisito discriminador y excluyente, aunque en el gobierno aleguen que no es obligatorio. Muchas jóvenes no saben qué derechos tienen y tampoco los reclaman”, opinó Marturet. Ayer en Corrientes no empezaron las clases: fue una de las siete provincias que tuvieron paro docente en el primer día del ciclo escolar.