El juez federal Norberto Oyarbide volvió ayer de vacaciones y se apuró a convocar a declaración indagatoria al ex director de Franquicias de la Cancillería, Jorge Matas, a quien imputará por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y de ahí en adelante”, según hicieron trascender desde su juzgado. Seguramente el magistrado vio el adelanto exclusivo de Página/12 en su edición de ayer: que el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo convocaría esta semana a indagatoria a Matas por un delito grave y no excarcelable, el contrabando agravado, que tiene una pena mínima de cuatro años de prisión y una máxima de diez. Matas quedaría detenido. Brugo ya le pidió la unificación de la causa a Oyarbide, pero éste no se expidió, sino que de hecho rechazó apartarse llamando apresuradamente a indagatoria a Matas. Ante la movida de Oyarbide, Brugo tiene decidido esperar.

El juez federal aceptó el pedido del fiscal Patricio Evers y citó a Matas a indagatoria para el próximo lunes 10. Evers sugirió que no sólo podría imputársele a Matas el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino también el cohecho. De todas maneras, la coima no es fácil de probar, porque hay que presentar pruebas sobre quién pagó y quién cobró la coima, cómo se concretó el delito.

Los juristas consultados por este diario recordaron las dificultades para probar las coimas en el Senado pese a que existe un arrepentido, Mario Pontaquarto, que dice que llevó el dinero de tal lugar a tal otro y se lo entregó a tales personas.

Más allá de esa dificultad, en lo que insisten en el fuero Penal Económico es que la maniobra con las franquicias para diplomáticos encaja justo en la figura del contrabando agravado que pena a quien “realizare cualquier acción que dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter la mercadería a un tratamiento distinto al que corresponde”. Se entiende que el delito se configura mediante un ardid o engaño y es agravado porque participa un funcionario público. En base a estos elementos es que en Penal Económico afirman que el contrabando es el delito específico que se le debe imputar a Matas y no el de incumplimiento o cohecho que, además, juntos suman una pena menor al de contrabando agravado.

Hace diez días, el juez Brugo le pidió a Oyarbide que se aparte del caso y que se unificara el expediente en el fuero Penal Económico. A su regreso de las vacaciones, Oyarbide no contestó al pedido de inhibitoria, pero mostró su voluntad de seguir adelante con la causa a través del rápido llamado a indagatoria a Matas. En teoría, dado que quien pidió la unificación fue Brugo y quien la rechazaría es Oyarbide, la decisión sobre la competencia recaerá en la Cámara en lo Penal Económico. Un tribunal superior puede decir, incluso, que las dos causas sigan sustanciándose, algo que suele no beneficiar la investigación.

En cualquier caso, Brugo, cuyo expediente ya tiene más de diez cuerpos, parará la pelota. Tiene abundante documentación para trabajar por cuanto realizó 55 allanamientos, incluyendo la Cancillería, las oficinas de los intermediarios, las concesionarias y los domicilios de varios particulares.

Matas, por su parte, tendrá que prepararse para una defensa difícil. Según el expediente en Penal Económico aparece firmando la circular, según la cual se prohíbe que los diplomáticos traigan camionetas del estilo de las Hummer o autos deportivos como los Porsche, y al mismo tiempo su firma aparece al pie de las franquicias destinadas a ingresar esos mismos vehículos sin impuestos. En el expediente que se sustancia en el fuero Federal tendrá que explicar cómo su esposa, María Eugenia Sanguinetti, terminó siendo propietaria de un Audi que ingresó, franquicia mediante, el diplomático ruso Mikhail Moskin.