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La resolución (RES) que el procurador general, Esteban Righi, firmará hoy es una instrucción a todos los fiscales federales a los que dirige (ver nota principal), es una suerte de hoja de ruta tendiente a dinamizar las (por lo general muy morosas) causas judiciales por violaciones de derechos humanos.

Righi regula un sistema para los fiscales, un conjunto de reglas paliando un vacío preexistente. A los más diligentes, ese acto de autoridad les facilitará la tarea. A los más remisos, les marca un rumbo irrenunciable. En cualquier caso, la hoja de ruta induce a los fiscales a dinamizar el avance al juicio oral.

¿Y cuando lo hagan? En tal caso, la pelota quedará del lado de los jueces que deberán esmerarse para estar a la altura.

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Detenidas durante décadas por defecciones de sucesivos gobiernos democráticos, las causas se reabrieron (o se abrieron, tout court) recientemente, pero versan sobre crímenes cometidos hace alrededor de tres décadas. La perduración de la impunidad corroe la institucionalidad republicana. La desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Héctor Febres, la muerte dudosa de Paul Alberto Navone son actos macabros que acentúan la tendencia. Se conjugan con la pura secuencia de la biología que priva de conciencia o de vida a testigos o a victimarios. El doble retardo de justicia, más vale, no es justicia.

Es cuestión de Estado impulsar los juicios, honrando el derecho de las víctimas directas, de las que sobreviven y de la sociedad en su conjunto. Y contemplando también a los acusados, quienes no deben permanecer en un limbo sin que se defina su situación, condenando o absolviendo.

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La RES evocará un documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. La UFC, así la abreviaremos de aquí en más, depende de la Procuración General y le competen las tareas que enumera su larguísimo nombre.

El informe de la UFC fue elevado por el procurador general a la Corte Suprema en agosto del año pasado; este diario lo detalló en su edición del 29 de agosto. Era un minucioso mapa de trámites trabados, en la mayor parte de los casos por manejos taimados de los defensores, cuando no por dilaciones causadas por jueces y camaristas perezosos o complacientes con los genocidas.

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Las causas se estancan merced a una maraña de recursos interpuestos por los defensores o aun por querellantes. Muchos versan sobre cuestiones laterales o accesorias, pero usualmente se les asigna el efecto de frenar el expediente principal. Hay jurisprudencia nacional que faculta a hacer lo contrario. Righi la recordará en su presentación y ordenará a los fiscales invocarla.

Les impone requerir la elevación a juicio oral cuando haya auto de procesamiento firme, sin dejar resquicio a criterios discordantes.

Y los obliga a comprometerse en el seguimiento de esos recursos dilatorios, velando para que no se eternicen en las Cámaras. Distraerse de esas derivaciones puede ser un modo capcioso de tolerar la denegación de justicia.

Los retrasos en la elevación a juicio son inmensos y conciernen a muchos casos. Demos unos pocos ejemplos, como botones de muestra. En la causa ESMA había procesamientos confirmados desde el año 2004, pero el juez difirió más de tres años las vistas para la elevación a juicio. Lo hizo recientemente, seguramente apremiado por la presentación del informe de la UFC a la Corte.

Otro ejemplo que puede citarse es “Brandalisis” (Córdoba), que tuvo confirmación de Cámara en agosto de 2005, recién en el 2008 se produjo el requerimiento de elevación a juicio.

Otra demora recién zurcida: la causa “Vargas Aignasse”, en Tucumán, tenía procesamiento firme desde 2004 y sólo se elevó a principios de este año.

En otros procesos, ni siquiera se ha llegado al juicio oral. Así ocurre en el caratulado “Ragone” que tramita en Salta, aunque hay procesamientos confirmados desde mayo de 2006. Los juicios “Rodríguez, Hermes” (tribunales de Córdoba) y “Labolita” (Azul) acusan dilaciones parecidas.

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La RES también tira líneas para ir superando la metodología de tratar casos individualmente o por grupos muy pequeños, tanto por el número de víctimas como de imputados. Sin negar la importancia histórica de las condenas a Etchecolatz, Febres o Von Wernich, vale apuntar que esos juicios con un solo procesado en el banquillo producen disfunciones, como las de forzar a algunos testigos a repetir su declaración en otros tribunales. No es sencillo deshacer esa madeja, que significa un minicalvario para los testigos, víctimas ellos también y que agrava los riesgos a su seguridad, como lo revelan los crímenes contra López y Febres.

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El activismo de los fiscales no será suficiente si los jueces y camaristas no se ponen las pilas. Algunos no pueden hacerlo, por dificultades materiales. Otros las tienen sulfatadas por molicie o mala fe. Sobran tribunales que compiten por el record del cajoneo de expedientes. La Cámara Federal de Casación Penal se alza con la medalla de oro aunque no le falten rivales de fuste.

Poner en caja a jueces y camaristas debería ser una preocupación de la Corte Suprema. No es una tarea sencilla; sus herramientas tradicionales son limitadas. Pero esta Corte ha sabido innovar en materia institucional, a la hora de preservar derechos ciudadanos esenciales. Con creatividad, amplió la esfera convencional de sus atribuciones en las decisiones sobre la movilidad jubilatoria o el Riachuelo. En ambos casos rompió el corsé que la confinaba a centrarse sólo a decidir el caso sometido a su examen: se permitió formular exigencias de nuevo cuño a los otros poderes del Estado. Innovó y amplió sus atribuciones, en buena hora.

Su objetivo político era ir reparando las privaciones inconstitucionales impuestas por anteriores ejecutivos y convalidadas por anteriores composiciones de la Corte.

El terrorismo de Estado y la impunidad posterior son violaciones de la ley que el tribunal no puede contemplar sin involucrarse. Máxime, cuando a menudo son jueces de tribunales inferiores los que prolongan la injusticia, contra lo que impone la ley.

La Presidenta, el sábado en el Congreso, le arrojó un guante a la Corte que describió como “prestigiosa y prestigiada”: hacerse cargo de la mora judicial. El cumplimiento de la RES también la interpelará.

Al Tribunal le cabe el desafío de ponerle el cuerpo a un avasallamiento institucional que, hoy día, tiene su núcleo en el propio Poder Judicial. La inventiva y la autoridad del tribunal deberían hacer el resto para no quedar como un testigo mudo y aquiescente.