La aceleración de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores de toda jerarquía durante la dictadura es una preocupación compartida por la presidenta Cristina Kirchner y los querellantes organismos de derechos humanos. Página/12 puede adelantar que luego de haber realizado un diagnóstico sobre el estado de esos procesos, la Procuración General emitirá hoy una resolución en la que dispone que los fiscales del país promuevan la elevación a juicio de la totalidad de esas causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en las que el procesamiento del acusado haya quedado firme o haya sido confirmado por la Cámara de Apelaciones respectiva. El procurador general Esteban Righi determinó que hagan lo mismo, aunque haya planteos pendientes de los acusados ante la Cámara de Casación o la Corte Suprema. También dispuso que los fiscales que hicieron las investigaciones en primera instancia participen de los juicios orales, algo que ya ocurre aunque no en todos los casos. En definitiva, el poder político busca una ingeniería judicial efectiva para evitar que los juicios se extiendan por más de un lustro, como sucederá si mantienen su ritmo actual.

El 10 de diciembre la Presidenta expresó su deseo de terminar en los cuatro años de su mandato “estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados”. En su discurso del sábado instó a la Corte Suprema a usar “los instrumentos que tiene en sus manos” para mejorar el servicio de Justicia. Y anticipó que buscarán implementar la oralidad en los recursos para que no traben los procesos, además de establecer recompensas para casos de delitos de lesa humanidad.

En su mensaje al asumir el cargo, la Presidenta manifestó: “Tenemos la obligación desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema y los Tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia”. Cristina Kirchner agregó que se lo deben “a quienes fueron las víctimas, a sus familiares, a las Abuelas, a las Madres, a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del relato permanente de la tragedia”. Esta es, precisamente, una de las demandas que los organismos de derechos humanos vienen planteando para que los testigos de los juicios no sufran una “revictimización”. Una idea que circula en algunos despachos, y que el Poder Judicial podría alentar, es la incorporación de los testimonios por lectura para que sean válidas las declaraciones prestadas previamente en sede judicial. Con el testigo Jorge Julio López de-saparecido también sigue pendiente un plan integral de protección para quienes deben declarar.

Las agrupaciones más críticas del Gobierno insisten en que, a este paso, los represores “se van a morir sin decirnos la verdad”. Por diversas causas, esto sucedió en los recientes casos de Héctor Febres, Paul Navone y Juan “Jeringa” Barrionuevo. Por eso exigen que los juicios empiecen a instrumentarse por centro clandestino y no ya por casos aislados, como ocurrirá en breve con el juicio por los hechos ocurridos en la comisaría 5ta de La Plata, donde revistaron 145 represores que están identificados con nombre y apellido pero sólo nueve van al banquillo.

A fines de agosto, la Procuración General hizo un detallado informe sobre los expedientes referidos a crímenes de la dictadura y alentó a la Corte Suprema para que intervenga en forma directa con el objetivo de contrarrestar las demoras. Según los hombres del procurador, la Corte podría desde ponerle plazos a la Cámara de Casación hasta terciar cuando una investigación se queda sin juez porque todos se excusan. El informe fue elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento especializada en este tipo de causas que dirige el fiscal Jorge Auat. Aquel trabajo reclamaba la acción conjunta del Poder Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público, como si todos estos actores debieran sentarse en una mesa a resolver un problema que condiciona la declamada política oficial de juzgamiento del pasado represivo.

En pleno ejercicio de su función de diseñador de políticas criminales y de persecución penal, el procurador Righi recordó parte de aquel diagnóstico al destacar que “una característica general de los actuales procesos penales por crímenes contra la humanidad es la demora en superar la etapa de instrucción”. Por esta razón, además de instruir a los fiscales para que eleven a juicio oral las causas aunque haya recursos pendientes en Casación o en la Corte, Righi los instó a que identifiquen aquellos recursos que dificultan el tránsito a la etapa oral, controlen los tiempos que demandan las resolución de los mismos y se opongan a todo planteo que tenga un carácter evidentemente dilatorio, por parte de los defensores de los represores, para demorar la elevación a juicio.

En la resolución que firmará hoy, el procurador destacó la “necesidad imperiosa” de priorizar el impulso de las causas que concentren la mayor cantidad de casos para lograr rápidamente juicios significativos que eviten la atomización de los hechos y las consecuencias negativas que se derivan de tal fragmentación. La idea es que se procure el juzgamiento de múltiples hechos que tienen un rasgo común: fueron cometidos en forma sistemática. Este reconocimiento recoge otro reclamo permanente de los organismos de derechos humanos, que pretenden que se juzguen “todos los hechos y todos los casos”. Sin embargo, la resolución de Righi no menciona otra posible solución planteada por los organismos críticos: la tipificación de la figura de genocidio, abarcativa de esa multiplicidad de hechos y delitos.