Una organización criminal que, desde el Estado porteño, se dedicaba a clausurar empresas por razones ambientales para luego extorsionarlas con la promesa de la rehabilitación. Esa es, palabras más o menos, la descripción que hizo ayer el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al denunciar una red que integraban funcionarios a cargo del control ambiental, abogados y policías. La denuncia había sido realizada por cinco empresas, cuyos directivos precisaron que debieron pagar en promedio 55 mil dólares cada una para dejar sin efecto clausuras por supuestas infracciones a normas ambientales. Si bien acusó a funcionarios de la anterior gestión, los hechos denunciados se produjeron durante la actual administración.

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, Macri anunció el desplazamiento del director de Control Ambiental de su gestión y ordenó la apertura de sumarios administrativos contra los agentes municipales de esa área.

Con nombre y apellido, el jefe de Gobierno denunció a “Carlos Espina, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Control Comunal en la gestión anterior”, dijo, sin mencionar a Jorge Telerman. Esa subsecretaría estaba a cargo de Federico Peña. Según dijo Macri, ese funcionario había solicitado “en los últimos meses, 55 mil dólares a cinco empresas clausuradas por inspectores de la comuna para levantar el cierre de las compañías”, supuestamente en infracción.

El que dio los detalles –aunque no muchos– fue el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo: aseguró que existen “pruebas irrefutables” de que Espina, en coordinación con “inspectores” y al menos “un policía”, exigió el pago de coimas para el levantamiento de clausuras. “El procedimiento irregular, posiblemente organizado”, contó con cuatro pasos y se habría realizado durante enero y febrero, cuando el funcionario de Telerman ya no se desempeñaba en el gobierno porteño.

Piccardo explicó el modus operandi: en un primer momento, un inspector oficial clausuraba la empresa, luego se firmaba un acta con la policía y finalmente se le sugería a la empresa “la imperiosa necesidad de contratar a un abogado ambientalista”. Según la denuncia, el abogado ambientalista era el mencionado Espina. “La empresa generalmente accedía” a la recomendación, y cuando se presentaba ante Espina, éste les exigía el pago de 55 mil dólares para tramitar el levantamiento de la clausura. Piccardo, en tanto, sugirió que existen pruebas en fotos y videos, que están en poder de la Justicia.

Los empresarios presentaron la denuncia ante el gobierno pero también ante la Justicia. En tanto, Macri anunció que “los inspectores de la Dirección (de Control Ambiental) fueron sumariados y suspendidos”, al igual que el titular del área, quien fue reemplazado por Juan Carlos Pichner.

Según la denuncia de Macri, “Espina decía que la suma no se discutía, porque el monopolio de la solución cuesta mucho dinero”. Michetti les pidió a los vecinos que denuncien los casos de este tipo a través de la línea 0800-999-2727.

Los funcionarios evitaron mencionar a las empresas denunciantes: aclararon, eso sí, que se trata de compañías “medianas, de ningún rubro en particular: laboratorio, textil, química”.

La denuncia presentada ayer no fue la primera de la administración de Macri contra las gestiones anteriores: la más resonante había sido la formulada el 24 de enero por presuntos sobreprecios del orden del “65 por ciento” en la compra de alimentos destinados a comedores comunitarios. Como informó Página/12, pese a eso, el propio Macri ratificó por decreto el cuestionado programa de compras y mantuvo a los funcionarios denunciados en su cargo.