Roberto Porretti sabe que el Concejo Deliberante guarda una espada de Damocles. La apelación del rechazo a la eximición de prisión convirtió a ese espacio en el único frente abierto capaz de dejarlo, en horas, fuera del despacho. En una serie de largas e innumerables reuniones, los diez concejales ayer intentaron llegar a un consenso para sacarlo por unanimidad. Anoche la Comisión de Investigación ya anticipaba un resultado, pero repentinamente la reunión se levantó. La puja está dada por el vecinalismo del ex intendente Blas Altieri, que busca destituirlo para convocar elecciones, y el PJ, que aún pretende la licencia para retener el poder. Hoy seguirán las reuniones.

Los diez concejales son un reflejo de la concentración del poder en Pinamar. El Movimiento de Unidad de Partido de Pinamar (MUPP), una organización creada por Altieri que le permitió retener el gobierno por 16 años, tiene cuatro escaños. Otros cuatro están en mano del PJ, presidido por el concejal Rafael De Vito y Víctor Pardo, el “Sherif”, antiguo secretario de Gobierno y Hacienda del MUPP. Las otras dos bancas son del Frente para la Victoria, pero los concejales actúan como unibloques.

Desde que se desató el escándalo de las coimas, el Concejo permanece de alerta. Constituyó una comisión de investigación e inició un juicio político sobre la base de la Carta Orgánica de las Municipalidades, que les da la opción de suspender o destituir al intendente. Por eso elevó un pedido de informes al Ejecutivo; Porretti hizo un descargo y ahora toma declaraciones a una decena de funcionarios para analizar el funcionamiento administrativo de la municipalidad.

Como no es un juicio penal, los concejales sólo tienen chances de pronunciarse en contra del intendente si logran determinar alguna de las fallas administrativas establecidas en la ley. Entre otras, una parálisis en la comuna. En esa línea pueden leerse los dos amagues de renuncias en el gabinete de los últimos veinte días. Eran funcionarios de segundas y terceras líneas del PJ que dieron una conferencia de prensa para presionar: dijeron que ponían a disposición la renuncia. Aquello se completó ayer. Un día después de la resolución de la Cámara de Dolores que confirmó la denuncia de extorsión contra Porretti, aquellos funcionarios renunciaron. También lo hizo su secretario de Turismo (ver aparte).

En el contexto del juicio político, esa retirada suena mal. Se fueron responsables de sectores clave del gobierno, y esa ausencia ahora refuerza las razones que tiene el Concejo Deliberante para sostener que existe una crisis de gobernabilidad. Hasta ahí llegó ayer el PJ. Y luego no avanzó.

“La verdad es que nosotros no queremos ni que Porretti sea suspendido ni que sea destituido”, reconoció anoche una alta autoridad del partido, también concejal. “Lo que queremos es que pida la licencia porque nos va a permitir seguir gobernando”.

Si el Concejo destituye a Porretti tiene que llamar a elecciones y el PJ teme que gane Altieri. Si, en cambio, lo suspenden, la votación se haría dentro de año y medio con la renovación del Concejo.

“Nosotros nunca tuvimos el gobierno en las manos, ahora ganamos, pero hicimos un bochorno del que no vamos a poder recuperarnos en tan poco tiempo”, analizó el mismo hombre.

Pese a todo, anoche, la Comisión de Investigación tuvo sesión hasta tarde dispuesta a llegar a un acuerdo. Al filo de las nueve Leonor Di Maio, presidenta de la comisión abandonó el lugar de un portazo, y anunció que no había habido acuerdo.