Los policías, casi 300 agentes de la Federal y la Bonaerense, rodearon ayer por la madrugada el predio de Villa Riachuelo donde estaban asentadas ochenta familias de origen boliviano. Tenían una orden judicial para desalojarlas y restituir el terreno al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Los vecinos del asentamiento se acercaron para protestar porque venían gestionando esas tierras para construir hogares para sus hijos. Hubo empujones e insultos entre ambos grupos, que fueron separados por la policía. Era la tercera vez que se desalojaba ese predio.

“Estamos en la calle de vuelta y nos sentimos traicionados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la municipalidad de La Matanza, que no respondió nunca”, protestó Alejandro Yugra, representante de las familias que ocupaban el asentamiento. “Estaba negociando con el Instituto un proyecto para construir viviendas, pero hay intereses de la Cooperativa Siglo XXI de quedarse con estas tierras y parece que tienen protección judicial”, denunció Yugra.

Otros habitantes del asentamiento aseguraron haber pagado entre tres mil y cinco mil pesos por las parcelas en las que vivían, además de abonar otro monto por la instalación de conexiones de luz eléctrica. El operativo fue controlado por personal del Instituto Nacional contra la Discriminación porque los ocupantes consideraron que fueron discriminados porque sus “derechos valen menos” que los del resto de los vecinos de la zona.

“Se dio una impasse a las familias para que retiraran sus pertenencias”, aseguró el inspector Alejandro Blanco, jefe del operativo. La impasse duró media hora y, con sus cosas a cuestas, los desalojados esperaron la llegada de camiones que los trasladarían a otro lugar. Varios ocupantes optaron por incendiar sus casillas de chapa, madera y cartón, otros las desarmaron y se las llevaron. El predio en cuestión tiene 28 hectáreas y está ubicado frente al Autódromo de Buenos Aires. Según afirmó Blanco, “siete personas quedaron demoradas” durante el operativo.

Mientras los policías cumplían las órdenes del juez de garantías número 3 de La Matanza, los vecinos del barrio Vicente López se concentraron a la vera de la colectora de General Paz y la avenida Roca, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. “Cuando en el verano nuestros hijos se instalaron en el lugar los sacaron como delincuentes, pero cuando vino esta gente nadie hizo nada”, dijo uno de ellos, quien aclaró: “Nosotros no vivimos en una villa, porque nuestras casas son de material”.

La versión de estos vecinos es que al tiempo que intentaban que se formara una cooperativa para que esas tierras baldías les fueran entregadas en propiedad, unas cien personas ocuparon el lugar y levantaron casillas. “Roban la luz, trabajan en la feria La Salada y generaron un aumento de la inseguridad”, fue otra de las acusaciones escuchadas. Fuentes del IVC afirmaron que gran parte del terreno pertenece al Mercado Central, que es administrado en La Matanza por funcionarios de la administración de Mauricio Macri, la provincia y la Nación.

Desde el principio, los ocupantes mantuvieron una actitud pacífica ante el desalojo, aunque habían advertido que no se retirarían hasta recibir, por escrito, un compromiso del IVC de que les darán un lugar donde establecerse. Luego de que subieran a los camiones, el personal policial permaneció en el asentamiento para determinar qué se haría con las viviendas que todavía quedaban en pie.