¿Y ahora quién podrá ser nuestra garantía? El interrogante, a lo Chapulín Colorado, surgió después de la determinación del jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Vallecca, de negarse a ser el “garante institucional” de tres subordinados suyos que están acusados de “homicidio calificado” por haber matado a un colega. Los tres policías, el cabo Javier Lucio, el sargento Ricardo Bao y el agente Pablo Maldonado, fueron dejados en libertad por la Sala I de la Cámara del Crimen, hasta la realización del juicio oral. Como garantía, los jueces fijaron el pago de una fianza de diez mil pesos a cada uno, más la “caución institucional” del jefe de la Federal, quien debía cargar con la mochila de custodiar a sus subalternos para impedir cualquier intento de ellos por convertirse en prófugos de la Justicia. “No advierto la existencia de disposiciones legales que regulen la materia, ni antecedentes en el orden institucional sobre la cuestión”, sostuvo Vallecca en un escrito mediante el cual anunció que rechaza la delicada misión que le encomendaron los jueces.

Vallecca le envío una nota al juez de primera instancia, Juan Ramos Padilla, que investiga el asesinato del subinspector Marcos Itzcovich y el intento de homicidio del agente Gustavo Montenegro, delitos que se atribuyen a los tres policías procesados. Vallecca se niega a cumplir el papel que le ordenaron porque en la resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen “tampoco se indican (...) las medidas específicas que se deberían instrumentar, así como los alcances de las mismas, razón por la cual haré las presentaciones que por ley correspondan”.

Esto significa que planteará su excusación ante los miembros de la Sala I, Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi, que avalaron con su firma la resolución, y Alfredo Barbarosch, que votó en disidencia porque consideró que la “caución institucional es una creación pretoriana”. Por eso calificó el fallo de sus colegas de “absurdo y extravagante”. Barbarosch aseguró que los dos camaristas se atribuyeron a sí mismos “facultades legislativas”. Sobre la condición de “garante” que le dieron a Vallecca, sostuvo que esa obligación “no solamente resulta seriamente cuestionable por su alcance y su improbable implementación, sino que también se ha equiparado a una fuerza militar con una fuerza de seguridad”.

En otros fallos recientes de la Justicia, en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, se ordenaron excarcelaciones de los imputados militares, poniendo como “garante institucional” al Ejército Argentino. De todos modos, esas decisiones judiciales fueron apeladas y cuestionadas con dureza por los organismos de derechos humanos, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que están imputados los beneficiarios. En el caso de los tres policías acusados de asesinar al subinspector Itzcovich, los cargos son tan graves que podrían ser condenados a prisión perpetua.

En su carta a Ramos Padilla, el comisario Vallecca dijo que los tres procesados, que ya fueron dejados en libertad, se encuentran bajo el control de la División Suboficiales y Agentes, que ha recibido sus directivas y que cumple “con los trámites administrativos que su situación demande (...), lo que implica un monitoreo permanente de la situación personal” de cada uno de los imputados.

El asesinato del subinspector Itzcovich ocurrió el 6 de marzo pasado cuando el policía de la seccional 43ª de la Federal y su compañero, el agente Montenegro, iban en un moto y fueron “confundidos con ladrones” por los tres policías imputados, que pertenecían a una brigada de la División Análisis Técnico del Delito. Los cinco policías involucrados estaban de civil, pero los tres que dispararon ni siquiera estaban en su jurisdicción y tampoco habían notificado a las autoridades de la comisaría 43ª que iban a realizar un procedimiento en el barrio porteño de Monte Castro, donde ocurrieron los sucesos.

Para el juez Ramos Padilla, el accionar de los imputados “evidencia por completo su deliberada voluntad homicida, la imposibilidad de sostener cualquier error en la percepción de los hechos y la inexistencia de cualquier actitud de sospecha de parte de los damnificados”. Por esas razones los procesó por “homicidio agravado”. Los acusados alegaron que dieron “la voz de alto” a los otros dos policías y que ellos vestían chalecos antibalas con la inscripción PFA (Policía Federal Argentina) en letras amarillas y que el auto en el que se movilizaban tenía una baliza. Una fuente policial le dijo a Páginai12 que hay elementos que indican que “hubo encubrimiento institucional, porque los tres imputados no tenían ninguna identificación y las que aparecieron en el lugar del hecho fueron ‘plantadas’ por otros policías que llegaron a bordo de una Kangoo de color blanco”. El juez Ramos Padilla no ha descartado la hipótesis de que los imputados formen parte de alguna organización delictiva.