Las cuatro entidades agropecuarias presentaron ayer ante el defensor del Pueblo de la Nación un pedido formal para que intervenga en el conflicto con el argumento de que el Estado nacional ha vulnerado los derechos de los productores. Eduardo Mondino tomó la delicada misión en sus manos sabiendo que la resolución es más política que técnica y que no puede haber mayor logro de su parte que conseguir restablecer el diálogo con el Gobierno. De todos modos, el encuentro que ayer tuvo lugar en la sede de la Defensoría produjo ya un rédito concreto: los ruralistas se comprometieron en privado y en público a no volver a cortar las rutas ni a entorpecer el abastecimiento.

Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, recalcó explícitamente que no había ninguna intención de parte de los dirigentes del campo de reincidir con los cortes que, según advirtió Mondino, violentan el derecho del resto de la ciudadanía a transitar y a abastecerse. Una cuestión central, apoyada por el resto de los dirigentes que fueron ayer a la Defensoría: Mario Llambías (CRA), Luciano Miguens (Sociedad Rural) y Carlos Roppel (Coninagro).

La mesa de enlace quiso aprovechar la veta que se abrió cuando después de algunos testeos informales y un pedido escrito de intervención, Mondino accedió a recibirlos en uso de las facultades que le confiere la Constitución nacional de intervenir en aquellas situaciones que ponen en juego algún derecho ciudadano. Con esta apuesta, los dirigentes del campo intentaron mostrar su apego a la institucionalidad y, de paso, su afán por volver a sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno. aunque Alberto Fernández, jefe de Gabinete, había anticipado su rechazo a una mediación, ya que “el Gobierno no es contraparte de nadie”, explicó, Miguens insistió ayer en que el pedido a Mondino fue que mediara ante el Gobierno.

Las entidades fundaron su reclamo ante la Defensoría en los puntos que para ellos configurarían una violación a sus derechos ciudadanos. En primer lugar, lo que Miguens ayer destacó sólo como el “detonante” de la protesta: las retenciones móviles. A esto añadieron la falta de una política que dé certidumbre al sector y, en tercer lugar, las demoras en el pago de los reintegros ya vigentes. He aquí una ventana concreta para la Defensoría. Mondino reclamó documentación que pruebe las demoras de hasta un año por las que se quejan los hombres de campo. En tal caso, aclaró, se configuraría una “mora administrativa”.

Desde el punto de vista formal, la Defensoría de la Nación tiene algunos instrumentos para pronunciarse sobre aquellas situaciones en las que considera que, efectivamente, hubo violación de algún derecho. El menú prevé recomendaciones, como la que hizo esta dependencia a Economía y al Central para que obligue a los bancos emisores de tarjetas de crédito a no cobrar cargos fuera de ley. Pero también contempla el recurso más belicoso de una presentación judicial, utilizado por Mondino para acusar a los concesionarios de trenes urbanos por las malas condiciones de la prestación. Este caso tiene su singularidad. De prosperar el reclamo del agro, Mondino debería objetar decisiones tomadas por el Gobierno en legítimo ejercicio de sus facultades y sobre el supuesto de que violó derechos de los productores. Un lugar verdaderamente incómodo.

Aunque ayer omitió cualquier pronunciamiento sobre el tema, el defensor está convencido de la justicia de las retenciones como mecanismo para que el Estado se apropie en parte de una renta excesiva obtenida por un sector, en este caso el campo. Pero considera que el modo en que fue instrumentado este nuevo régimen de los gravámenes móviles fue, por lo menos, inconveniente y desprolijo. Estas consideraciones no deberían tallar en el “análisis técnico” al que ahora promete abocarse.

No es ése, sin embargo, el carril más importante abierto ayer. Los dirigentes rurales están desesperados por restablecer el diálogo con el Gobierno, interrumpido tras el acto del 25 de mayo, y para ello todo suma. La Corte Suprema declinó intervenir por ahora, porque en el tribunal primó el criterio de no judicializar una controversia política, aunque hay opiniones divergentes (ver recuadro en página siguiente).

No se trata de una mediación, tal como subrayó ayer el defensor. Para eso sería necesaria la anuencia de las dos partes y Mondino recién está en la etapa de testear a los funcionarios involucrados. El Gobierno ya anticipó su posición en contra. No le será fácil al Defensor hacerlo cambiar de posición.