El recaudador bonaerense, Santiago Montoya, puso la lupa sobre la zona núcleo de producción sojera de la provincia de Buenos Aires e intimó a cerca de 80 mil productores agropecuarios por declarar menos impuestos que los que les correspondía entre 2006 y 2007. El monto total evadido, principalmente vía subdeclaración de cosechas y de contratos de arrendamiento, asciende a 200 millones de pesos. En Arba (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires) calcularon que, en marzo, los productores rurales dejaron de pagar tributos por otros 200 millones de pesos, producto de la primera etapa del lockout. Desde el sector rural sostienen que Montoya “no tiene información y pega por pegar”.

El territorio relevado por el ente provincial abarca 10,5 millones de hectáreas, que se concentran en algunas de las zonas más productivas de la provincia: Pergamino, Junín, Salto, Chacabuco y Rojas, entre otras localidades. De un universo de 94 mil partidas analizadas –ninguna con menos de 50 hectáreas–, 78.917 presentaron irregularidades para todos los gustos. Se detectaron incumplimientos en veinte categorías diferentes, pero las estrellas fueron las cosechas y los contratos de arrendamiento no declarados. Según estimaciones hechas por el ente recaudador, en la provincia de Buenos Aires, el sector rural representa entre el 20-25 por ciento de la evasión fiscal anual. Las entidades agropecuarias desestimaron las denuncias de Montoya, al sostener que “el impuesto inmobiliario rural tiene hoy en día el índice más alto de cumplimiento, y los ingresos brutos se descuentan directamente de las ventas, así que no hay manera de evadirlo”.

Chacareros despistados: “El conflicto produce algún nivel extra de incumplimiento, hay mucha gente, principalmente pequeños y medianos productores que llevan su propia contabilidad, que al tener alterada su rutina habitual por las movilizaciones se olvidan o se retrasan en el pago de algún impuesto”, afirmó a este diario Montoya. En marzo, durante la etapa más intensa del lockout, la provincia dejó de recaudar entre 100 y 200 millones de pesos, alrededor del 10 por ciento del total mensual. La causa principal fue el incumplimiento en el pago del impuesto inmobiliario rural. Si bien todavía no difundieron los datos del mes pasado, desde Arba indicaron que se detectó un mayor incumplimiento en declaraciones juradas y un pobre desempeño en ingresos brutos. En la agencia sostienen que la falta de presentación de algunos datos “anticipa el comportamiento futuro, o sea significa que no van a pagar”. Desde el sector rural restaron importancia a esta falta de presentación de la información por considerarla meramente formal y que no afecta el monto del impuesto.

El recaudador señaló a este diario que el conflicto genera un efecto cascada negativo en la recaudación: “Por un lado, se reducen los gastos del propio sector en otras actividades de la economía regional; y también afecta a aquellas que si bien no son exactamente agropecuarias, que se desarrollan en ciudades del interior del país, donde los ingresos que obtienen del sector agropecuario y su propensión a gastar, explican en parte la facturación de esos establecimientos”. Más allá del lockout, Montoya pudo mostrarle al gobernador Daniel Scioli un importante incremento en la recaudación provincial de mayo del 40 por ciento interanual. Consultados por estos resultados, miembros del Ejecutivo bonaerense reconocen que esas cifras se encuentran algo abultadas por el efecto que generan los precios, efecto que en este momento es imposible determinar por la escasa confiabilidad de los índices oficiales.

En febrero, antes del comienzo del lockout y tras una de las varias presentaciones oficiales que tuvo Arba, Montoya había destacado a PáginaI12 que “cerca de dos tercios de los propietarios no están inscriptos, y los que están declaran sólo el 60 por ciento, generando un costo fiscal de poco menos de 1000 millones anuales que va a llevar tiempo recuperarlos”. Con un timing excelente, el organismo va puliendo sus datos y comienza a precisar dónde y cómo están evadiendo los productores.

La baja cantidad de productores que iniciaron el trámite para cobrar las compensaciones se debe a que, “en su gran mayoría, no tienen sus papeles fiscales en orden”, sostuvo Montoya. Sobre un universo calculado en 62.500 propietarios, sólo 326 iniciaron el trámite para acceder a los reintegros que anunció el Gobierno, que el jueves pasado fueron extendidos a los monotributistas. De ese total, sólo el 29 por ciento pasó el primer examen. Para cobrar, los productores deben registrarse correctamente en la AFIP y en los demás organismos de control. Para las autoridades, la génesis de este tipo de evasión no es un problema de costos, sino que significaría blanquear ciertas actividades del sector que hoy están en negro.

Desde el gobierno nacional agregan dos causas más a la baja cantidad de adhesiones: la continuidad del conflicto y que una parte importante de los productores que podrían acceder no se están dedicando a la producción, sino que se convirtieron en rentistas. Por su parte, las entidades rurales consideran que los límites establecidos al tamaño de las explotaciones que pueden aplicar son muy acotados: 150 en la Pampa húmeda y 350 para el resto. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que sería injustificado ampliar los límites de extensión debido a los abultados márgenes brutos de ganancia por cosecha que obtienen productores de mayor tamaño. Otra de las críticas que realizan los ruralistas es que las medidas excluyen a las sociedades de hecho y las sucesiones indivisas.