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“Agravaron el problema”

Por Fabián Rodríguez Simón *

El pasado 20 de mayo un grupo de ONG ecologistas y de legisladores de la oposición presentaron al Poder Ejecutivo porteño un pedido de informes relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la Ley Basura Cero.

La ley 1854, conocida como Basura Cero, fue sancionada en noviembre de 2005. Entre sus objetivos se destaca la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos. En tal dirección se fija un cronograma, tomando como base la cantidad de residuos enviados al Ceamse durante el año 2004, que establece que éstos deberán reducirse un 30 por ciento para el 2010, un 50 para el 2012 y un 75 por ciento para el 2017.

Hablando en criollo, lo antedicho significa que el Poder Ejecutivo de la ciudad debe formular e implementar políticas que reduzcan la cantidad de basura que se entierra anualmente en el Ceamse, de acuerdo con tal cronograma. Pese a que los avances tecnológicos de la última década han desarrollado varios sistemas de combustión de residuos absolutamente limpios, no contaminantes y sin impacto ambiental negativo (de allí que, por ejemplo, la Unión Europea sólo permita este tipo de tratamiento de disposición final), la ley 1854 los prohíbe expresamente, incluso cuando sirvan para generar un bien tan escaso en estos días como la energía eléctrica, por lo que las herramientas con las que cuenta el gobierno para alcanzar los objetivos establecidos por la Ley Basura Cero se limitan a medidas contra quienes generen residuos (fabricantes, envasadores y consumidores de distintos productos) –lo que requiere mucha cautela, pues una acción apresurada podría tener efectos colaterales negativos para el consumo, con consecuencias directamente perjudiciales sobre la inflación, la producción y el empleo– y, por otro lado, realizar campañas de concientización sobre empresarios y vecinos referidas a la necesidad y beneficios de la separación selectiva entre residuos orgánicos y reciclables, así como estimular el uso de productos reciclados o recuperados y sancionar a quienes no separen, no reciclen o no recuperen.

En resumen, la ley 1854 establece que la solución al problema de qué hacer con la basura que produce la ciudad, es lograr que no exista más basura. Sea porque los consumidores de productos no la generan, sea porque todo lo que hoy es basura se recicla o recupera para usar nuevamente.

Ocurre que cuando la actual administración asumió el gobierno, en diciembre del año pasado, nos encontramos que en los dos años transcurridos desde la aprobación de la citada Ley Basura Cero, las administraciones de Ibarra y Telerman en vez de aplicar la ley que habían promovido y reducir la cantidad de basura que se dispone en el Ceamse, la habían aumentado. Así, además de haber perdido dos años en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley, en vez de partir de la Base Ceamse 2004 (1.490.000 toneladas anuales) nos encontramos con lo que propongo denominar Base Epsztein –en honor a Eduardo Epsztein, secretario de Medio Ambiente al momento de sancionarse la ley 1854 y actual legislador porteño– que indica que en el 2007, se dispusieron 1.690.000 toneladas o sea un aumento superior al 10 por ciento más que la base original. Nobleza obliga, es necesario aclarar que el dudoso mérito en el incremento de la basura que se entierra no es exclusivo de Epsztein, pues Marcelo Vensentini y Juan Manuel Velazco lo sucedieron como ministros de Medio Ambiente.

Aunque resulta moneda corriente para los veteranos de la “vieja” política, quienes por primera vez incursionamos en la función pública no podemos dejar de sorprendernos por el desparpajo y cinismo que exhiben aquellos que cuando eran funcionarios del Poder Ejecutivo –fuera por intereses creados, incompetencia o falta de voluntad política– no sólo no dieron ninguna solución al problema, sino que lo agravaron, y que hoy, como legisladores de la oposición o emboscados bajo el supuesto prestigio de ONG ecologistas, se rasgan las vestiduras acusando a la actual administración de “no dar soluciones inmediatas al problema de la basura”.

Quienes integramos el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, autoridad de aplicación de la ley 1854, tenemos un compromiso irreductible sin ningún tipo de atadura o prejuicio ideológico, con la reducción de la basura que se entierra en el Ceamse, así como con poner en marcha políticas de reciclado y recuperación que no se queden en la mera declamación demagógica sino que resulten eficaces, funcionales y beneficiosas para la ciudad y sus vecinos. En tal sentido –sin comprender cómo quienes ahora se pretenden “paladines” de la Basura Cero y las ONG alineadas con ellos no lo habían hecho antes–, hemos comenzado a redireccionar lo que, en la jerga se conoce como “áridos, escombros y poda” hacia sectores de la Costanera Norte necesitados de relleno y en las próximas semanas pondremos en marcha un plan general de disposición de tal tipo de residuos recuperables (que superan el 10 por ciento del total) que hasta ahora eran dispuestos en el Ceamse, lo que además de un injustificado dispendio de recursos recuperables significaba para la ciudad un importante gasto por tarifas de disposición final.

* Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Presidente de la Comisión Asesora de la ley 1854.

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Cuidado con los negocios

Por Eduardo Epsztein *

La ciudad de Buenos Aires genera diariamente un volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) que supera las cinco mil toneladas. Esa cantidad, sumada a las seis mil que genera la provincia, son más de once mil que se entierran en sitios dispuestos por la Ceamse, en el Gran Buenos Aires. Esta realidad provoca que el sistema esté funcionando al límite y –dada la oposición de los vecinos– cada vez con mayores dificultades para el emprendimiento de nuevos rellenos sanitarios.

La ciudad de Buenos Aires es el único distrito –de los que vuelcan sus RSU en la Ceamse– que no puede instalar un sitio adecuado para disponer de la totalidad de sus residuos en su propio territorio. El alto costo ambiental y económico que paga por esa disposición en la provincia hace más necesario aún disminuir sus volúmenes de generación.

Actualmente, todas las grandes ciudades del mundo tienen como objetivo disminuir la generación de RSU. Sin importar el signo político que las gobierna, la reducción de residuos es una de sus metas. En el año 2005, Buenos Aires –una de las más importantes ciudades iberoamericanas– obtuvo su marco legal para cumplir este objetivo.

La ley 1854, de Basura Cero, brinda el marco normativo necesario para mejorar esta situación, previendo mecanismos para la disminución paulatina de residuos generados. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no ha hecho nada para implementarla.

El actual gobierno de la ciudad jamás aplicó como corresponde la ley y esgrime absurdas respuestas para justificarse, entre ellas, dice que el crecimiento de la economía implica un crecimiento en la generación de residuos que supera toda previsión, por lo que hace imposible alcanzar las metas previstas en la ley.

Más allá de la coyuntura económica, el sólo crecimiento vegetativo implica un incremento permanente de la generación, si esto no se contempla significa que no se está evaluando nada, típico de un gobierno que no ve más allá de la semana entrante. Para que los objetivos de la norma se cumplan deben ponerse en práctica los mecanismos previstos en la misma, cosa que no se ha hecho.

No se efectuaron como corresponde las campañas de educación e información destinadas a los vecinos, de tal manera que éstos participen separando los residuos en dos bolsas diferenciadas desde el hogar, ello a pesar de contar con los recursos necesarios para llevarlas adelante, previstos en el contrato actualmente vigente. No existe ninguna experiencia en el mundo de separación en origen exitosa sin una previa campaña de concientización. Esto para nosotros es un instrumento irrenunciable ya que consideramos que la participación social es un engranaje imprescindible en ésta y en cualquier propuesta de cambio socio-ambiental, y su demora en la puesta en práctica no deja de llamar la atención.

No se puso en práctica la recolección separada de residuos, con días para secos y días para recolección de orgánicos (sin esto, la separación en el hogar no sirve para nada), y se ha demorado el proceso de colocación de containers en cada vereda. Es absurda la posición del gobierno en decir que la ley no funcionó si jamás se aplicó. Evidentemente, el macrismo esconde otras intenciones.

Si la ley fracasa, todo hace suponer que uno de los objetivos que persiguen es volver al “mega-negocio” de la incineración. Esta es una práctica que está expresamente prohibida por la ley 1854. No obstante, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no tuvo ningún prurito en reconocer que reciben propuestas frecuentes de sistemas de combustión y que están evaluando la posibilidad.

Volver a este sistema representa un “negocio”, pero no mejora la situación. De implementarse, la ciudad debería afrontar, además de los riesgos ambientales que implica, un costo económico difícil de sostener por los vecinos (pasaríamos a pagar de 15 a 20 dólares por enterramiento de tonelada a más de 100 dólares por el mismo volumen incinerado).

Por otro lado, se pretende abandonar el concepto de zona limpia, que rige actualmente y que es el utilizado en las ciudades más modernas, para volver al sistema del pago de recolección por peso. De esta manera, se estaría regresando a los tiempos de Manliba –empresa del grupo Macri– sobre la cual pesaban numerosa denuncias, entre ellas, la de cargar escombros en el conurbano para incrementar el valor de su facturación.

Con el pago por peso, se estará creando un sistema en el cual todos los actores tendrán “interés” en que se genere cada vez más basura sin preocuparse por cómo queda la zona luego del paso del camión. Las empresas de recolección y la Ceamse, al facturar por peso, verán incrementados sus ingresos.

Volveríamos a un sistema que ya se probó y fracasó, en el cual se beneficia al que más basura recoge y no al que menos ensucia. Si se pretende realmente vivir en una ciudad más limpia y más sustentable en términos sociales y ambientales, debe implementarse en el nuevo pliego de recolección de residuos una política que priorice la calidad integral del sistema y aplicar correctamente la Ley Basura Cero. El bienestar de la población debe ser el primer objetivo de gobierno. Objetivo que, más allá de los discursos, no es perseguido por el ingeniero Mauricio Macri.

* Legislador porteño, bloque Diálogo por Buenos Aires.