De acuerdo con un informe oficial, la ciudad de Buenos Aires pagó este año 140 mil pesos por tonelada de residuos reciclables. El dato, decisivo para la polémica resolución de quitar de las calles los contenedores para reciclables, fue divulgado días atrás en la Comisión de Basura Cero, integrada por el gobierno, cooperativas de cartoneros y organizaciones ambientalistas, entre otros, encargada de monitorear el cumplimiento de la ley que lleva ese nombre. Los datos provocaron indignación entre las cooperativas de recuperadores ya que el precio que ellos reciben por comercializar los materiales recuperados no pasa de 450 a 1000 pesos por tonelada, según se trate de cartón o plástico. Para el gobierno, el alto costo obedece al mayor precio de la recolección diferenciada que hacen las empresas, pero por sobre todo al robo de basura por parte de una organización de la que participan tanto recolectores como funcionarios, y que será denunciada penalmente, según anticipan en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

El informe, al que accedió PáginaI12, revela que en 2007, cuando la ciudad inició el proceso de contenerización, se gastaron 52,8 millones de pesos para recoger sólo 281 toneladas de basura reciclable, que fue destinada a los centros verdes que funcionan en la ciudad, lo que hace un promedio de 188 mil pesos por tonelada. Claro que ese costo no fue sólo gasto, ya que incluyó la compra de contenedores con tapa naranja, destinados a materiales reciclables (6 millones). También se destinó una elevada suma a publicidad: 18 millones de pesos.

A partir de esos datos, el gobierno no sólo decidió poner fin al sistema de containers para reciclables sino que resolvió terminar en forma paulatina el mecanismo de recolección diferenciada a grandes generadores (hoteles de cuatro y cinco estrellas, edificios de más de 19 pisos y reparticiones públicas), que será realizado directamente por las organizaciones de cartoneros.

El relevamiento de costos que desembocó en los datos arriba enunciados se realizó a partir de las denuncias presentadas en febrero de este año por las cooperativas, que alertaban sobre el posible desvío de los materiales recuperables. Estos residuos reciclables habrían sido vendidos en un circuito paralelo en lugar de ser destinados a los centros verdes que administran las cooperativas. “La ciudad pagaba para que se robaran los materiales que debían ir a los centros verdes”, dijo a PáginaI12 Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nuclea a cartoneros independientes de la zona sur del conurbano.

En efecto, los datos oficiales revelan que los centros verdes (gestionados por cooperativas) recibieron en poco más de tres años unas 800 toneladas de materiales reciclables. “En un día de trabajo, los cartoneros recuperan en la ciudad 600 toneladas”, estimó Grabois. Se calcula que en territorio porteño trabajan por día entre 6000 y 8000 cartoneros.

En total llegan a 1500 los grandes generadores por los que las empresas recolectoras pasan a recoger los materiales separados, en un servicio diferencial. “Si se estima que cada generador puede producir por día un promedio de 50 kilos de reciclables, tenemos que se generan 75 toneladas por día.” Si se tiene en cuenta que de enero a mayo, las empresas llevaron a los centros verdes apenas 250 toneladas de reciclables, resulta que ingresaron al circuito oficial, en promedio, sólo 2,5 toneladas por día. La pregunta es qué ocurrió con el resto. La respuesta, hasta ahora, fue el desplazamiento de un coordinador del área de Higiene Urbana y un sumario que se lleva a cabo en la Procuración, con la mira en algunos funcionarios y también en las empresas (ver recuadro).

Antes de tomar la decisión de retirar los contenedores de tapa naranja, destinados a residuos secos, la Dirección General de Reciclado realizó un estudio del que resultó que el 30 por ciento de los recipientes tenían en su mayoría residuos húmedos y en solo el 10 por ciento predominaban los materiales secos. “De cada 30 contenedores tapa naranja transportados a los centros verdes, 25 son rechazados por no contener residuos recuperables”, dice el estudio, realizado en el 7 por ciento de los recipientes instalados en toda la ciudad.

Para ver el problema en forma completa, debe tenerse en cuenta que prácticamente no hubo campaña de difusión que aliente el uso correcto de esos contenedores: los 15 millones de pesos destinados a ese fin quedaron sin ejecutar por la gestión de Piccardo. Ese es uno de los puntos que cuestiona la organización ambientalista Greenpeace cuando objeta el retiro de los contenedores de tapa naranja (ver nota de opinión).

Desde el gobierno dicen que el sistema fue mal implementado desde su origen: “Pusieron los contenedores antes de que la gente sepa cómo usarlos”, dice el jefe de Gabinete del ministerio, Fabián Rodríguez Simón. “El sistema de contenedores no puede coexistir con la recolección informal de los cartoneros, que sacan del container lo que después deberían recolectar las empresas.”

Para Grabois, del MTE, el sistema de contenedores “fracasó porque hemos comprobado que las empresas recolectoras cargan secos y húmedos en el mismo camión, y entonces, cuando el vecino ve esto, piensa que separar no sirve para nada”. De todas maneras, reconoce que sería útil la colocación de containers naranja en algunas esquinas “para los vecinos que, por horarios, no puedan adherir al sistema puerta a puerta”.

De acuerdo con los datos oficiales, se llegaron a instalar en la ciudad 5914 contenedores para reciclables, el 24 por ciento de los necesarios para que el sistema funcione en toda la ciudad. Para completar el total (17.742), sería necesaria una inversión de 21,3 millones de pesos. A esto habría que sumar el costo de recoger esos contenedores y trasladarlos hasta los centros verdes (280 millones anuales).

Esos números fueron los que impulsaron al ministro Piccardo a no incluir la gestión de residuos reciclables en el pliego para la licitación del servicio, para la próxima concesión: como adelantó PáginaI12, el manejo de esos materiales será realizado directamente por las organizaciones de cartoneros.

Con ese fin, la Dirección de Reciclado del ministerio ya está haciendo un reempadronamiento de los trabajadores cartoneros que ya estaban inscriptos, y la incorporación de los que no estaban incluidos. Se trata de la primera parte de un “Plan de inclusión de cartoneros”, que contempla la entrega de credenciales y uniformes, así como la dotación de carros oficiales, con luces reflectivas, un servicio exclusivo de camiones y la entrega de un “boleto cartonero” para que los trabajadores puedan regresar a su lugar de origen sin necesidad de ir montados en los camiones, sobre las bolsas de desperdicios, como lo hacen actualmente (ver recuadro).

Esta iniciativa se plasmó en un acta-acuerdo firmada por las organizaciones con representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el cual la recolección de reciclables quedará en manos de los cartoneros: desde el recorrido por los grandes generadores hasta el servicio puerta a puerta, con itinerarios fijos, para los generadores domiciliarios.

El proyecto tiene un requisito: cuando se implemente, los cartoneros tendrán prohibido hacer la separación de materiales en la vía pública. Para los recuperadores, la aplicación de este requisito debe ser paulatina y gradual. “Hasta que no estén los carros y los camiones, y si los vecinos no hacen la separación en su domicilio, los cartoneros no van a tener más remedio que separar en la calle”, dijo Grabois. “Nuestras expectativas son bajas, irán subiendo en la medida que se cumplan los acuerdo –concluyó–. Al menos, desde que estamos dialogando, después del desalojo del Bajo Belgrano no hubo más represión, la policía no se mete con nosotros.”

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