Eran jóvenes, emprendedores, fanáticos del gimnasio, padres de familia. Habían sido secuestrados hace una semana y sus cadáveres fueron descubiertos uno al lado del otro el miércoles pasado en una zanja en General Rodríguez. Ayer, sus familiares despidieron sus restos. Todos insistieron en que los tres planeaban un negocio lícito y fueron engañados por la contraparte. Mientras tanto, desde el Gobierno ratificaron que existen 13 causas judiciales contra la empresa que manejaba Sebastián Forza, por venta de medicamentos adulterados o robados, un dato aportado por PáginaI12 en su edición de ayer. La ministra de Salud, Graciela Ocaña fue más allá, al recordar que durante su paso por el PAMI combatió a organizaciones vinculadas con el tráfico de medicamentos truchos y mencionó entre los involucrados al ex gerenciador Rubén Romano, quien fue socio de Forza.

“Me contaron que el señor Romano había dicho que le salía más barato que me mandaran a matar, porque estaba perdiendo todos los negocios históricos que tenía, principalmente con operaciones de gerenciadores que manejaban prácticamente el PAMI”, dijo la funcionaria. El ex gerenciador había sido denunciado por la funcionaria porque “intentó perpetrar una estafa al PAMI por tres millones de pesos en una cuestión de un medicamento muy caro contra la hemofilia, factor 7, maniobra en la que estaban involucrados empleados infieles del laboratorio que lo distribuye y de la Fundación contra la Hemofilia”. Casualmente, la venta ilegal de este medicamento constituía una de las numerosas causas por las que era investigado Forza. Romano estaría vinculado con el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.

“Toda esta mafia desapareció del PAMI a partir del 2005 y se refugió en otros lugares y puede haber sido ese el móvil de esos terribles asesinatos”, sugirió la ministra. El vínculo entre el más “pícaro” de los jóvenes, como lo definieron sus familiares, y Romano fue revelado ayer por Cristian Sanz, un periodista independiente que entrevistó a Forza en mayo pasado. “Me empezó a contar una serie de ilícitos que involucraban a la industria farmacéutica, entre ellos y algunos organismos del Estado, clínicas privadas y laboratorios medicinales muy importantes”, recordó Sanz, en declaraciones radiales. “Me refirió que tenía cierto temor por lo que sabía”, agregó el periodista, a quien Forza le habría confesado que estuvo comprometido en esa mafia.

Según contó en otro tramo de esa entrevista, Forza se había desvinculado de ese ambiente en noviembre del 2007 y desde entonces había comenzado a recibir amenazas. El tape de la conversación ya está en manos del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Ya se había insinuado desde la Justicia que los amigos y familiares de las tres víctimas ocultan información valiosa para el caso. Ayer, el periodista confirmó estas sospechas. Comentó que durante esa charla en un restaurante de la esquina de Viamonte y Paraná, el joven empresario le dijo que la única persona que conocía sus actividades era su esposa Solange.

La otra hipótesis, que vincula a los tres empresarios con el narcotráfico, también se fortaleció luego de que fuentes de la Policía Bonaerense deslizaran la existencia de una comunicación telefónica entre Forza y el único sobreviviente de otra masacre sucedida el 24 de julio pasado en el shopping Unicenter de Martínez. Se trata del colombiano Julián Andrés Jiménez Jaramillo, que ese día salvó su vida porque se encontraba dentro del auto mientras Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Alexander Quintero Gartner eran baleados por un sicario que utilizó un arma importada (calibre 40), similar a una de las que se usó para matar a los tres empresarios.

Jiménez Jaramillo tiene protección policial, de la DEA (el departamento antinarcóticos norteamericano) e Interpol. Fue el único de los tres colombianos que entró legalmente al país. El día del tiroteo recibió un mensaje de texto que decía: “Salieron en TV. Muertos”. Por eso, los fiscales de San Isidro que investigan el caso sospechan que podría haber entregado a sus compatriotas. Detrás de esta pista van los investigadores bonaerenses mientras sus pares de la Policía Federal continúan buscando la vinculación de este caso con el laboratorio de drogas sintéticas descubierto el 18 de julio en una casaquinta de Ingeniero Maschwitz a cargo de narcos mexicanos del Cartel de León.

“Trabajarán coordinadamente, no se superpondrán ni obstaculizarán una con otra”, prometió ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli al referirse al tema. El expediente principal, desde ayer, se tramita en la Justicia nacional, con la intervención de la fiscal Ana Yacobucci y el juez Rodrigo Pagano Mata. Sin embargo, el juez aún intervino en la causa porque no hay un autor identificado o un acusado, por lo que la causa es “NN” y, según establece el artículo 196 bis del Código Procesal, le corresponde investigar exclusivamente al fiscal. Ambas partes esperan los resultados finales de la autopsia para cruzar información, aunque según fuentes judiciales, “lo que buscan no es exactamente lo mismo”.

Aunque se especulaba con que la fiscal de instrucción porteña se declararía incompetente (la jurisprudencia indica que la causa debe quedar en el lugar donde se cometió el hecho más grave y los homicidios fueron en General Rodríguez), Yacobucci asumió la responsabilidad del caso. A su favor, tiene una ventaja de seis días respecto a la fiscalía de Luján porque recepcionó una semana atrás la primera denuncia, cuando apareció incendiada en Flores la camioneta de Damián Ferrón y comenzó una causa de averiguación de paradero sobre su persona y la de los otros dos amigos, en un momento en el que todavía era impensable el trágico desenlace. Ese día Forza realizó, a las 18.30, la última llamada de su vida, justamente desde General Rodríguez, donde se presume que los tres estuvieron cautivos hasta su ejecución.