El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; los ministros porteños de Salud, Jorge Lemus, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal y el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Jorge Apelbaum, fueron denunciados penalmente por desobediencia e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es que, tras no haberse presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo para brindar explicaciones sobre incumplimientos en la prestación de servicios en el centro de evacuados, donde fueron alojados los habitantes de Villa Cartón luego de que se incendiase y donde el 13 de agosto falleció un bebe de cuatro meses, la asesora tutelar Laura Musa y el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez presentaron la denuncia “en virtud de la resistencia a las medidas adoptadas en la causa” y solicitaron su traslado al fuero penal.

Si bien la cita judicial fue con “carácter personal e indelegable”, por parte de los funcionarios de gobierno fue, en nombre de ellos, el abogado Marcelo Wagnszld, y el subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, que a pesar de justificar su presencia allí –no había sido citado– como “apoderado” de la ministra de Desarrollo Social, no pudo respaldar esa afirmación con ningún documento. Del otro lado, además de un conjunto de vecinos del barrio, estuvieron presentes la asesora tutelar y el defensor oficial.

“Sólo me dijeron que viniera”, esgrimió Wagnszld, según fuentes judiciales. Esa fue la única defensa que sostuvo el abogado –tampoco llevó ningún tipo de documentación– tras titubear ante el juez que “por motivos de inseguridad (en el barrio) se dejó de obligar al personal médico a que acuda allí”.

Al respecto, la asesora tutelar consideró la decisión del gobierno porteño de no presentarse como “una señal clara de que no quieren cumplir con la orden judicial y tampoco hacerse cargo de lo que le corresponde como funcionarios públicos”. En tanto, junto con Lodeiro Martínez, presentaron a Gallardo una denuncia contra Macri y las demás autoridades ausentes por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público –aunque podrían derivar en sanciones más graves– y solicitaron su traslado al fuero penal, según aseveraron las fuentes.

Los rumores sobre la audiencia llegaron a oídos de los vecinos del barrio transitorio días atrás, quienes se acercaron hasta las puertas del juzgado para “pedir que se cumpla lo ordenado por el juez, para que no se pierda otra vida”, sostuvo Mabel, la abuela del bebé fallecido. La primera intimación judicial a las autoridades porteñas en relación al centro de evacuados ubicado en Parque Roca fue en agosto de 2007, cuando la Justicia ordenó el cumplimiento de la ley 1987, es decir, la provisión “urgente de las medidas pertinentes para garantizar adecuadas condiciones de seguridad, higiene, infraestructura, educación, alimentación y salud” a los vecinos alojados transitoriamente allí hasta que se provea de las viviendas definitivas.

Luego, se acercaron al edificio de Jefatura de Gobierno, donde funcionarios de ese edificio gestionaron una reunión entre los vecinos y el subsecretario de atención integrada de salud, Miguel Angel Schiavone, que prometió “de palabra” una ambulancia con un médico “permanente” en el lugar a partir de hoy, explicó la mujer.