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El gobierno italiano envió ayer una directiva a las administraciones locales para que prohíban a los hospitales públicos cumplir con una sentencia del Tribunal de Apelación que permite dejar de alimentar artificialmente a una mujer que se encuentra en coma. El caso generó un amplio debate en la sociedad de ese país e incluyó una condena a la decisión judicial por parte del Vaticano.

“Creo que era mi deber emitir esta directiva, con el fin de que los establecimientos del sistema (público) de salud respeten el deber de garantizar a todas las personas (...) el derecho a la nutrición y a la hidratación”, declaró en conferencia de prensa el ministro de Salud de Silvio Berlusconi, Maurizio Sacconi.

El ministro advirtió que todo centro sanitario público que procediese a detener la alimentación artificial de Eluana Englaro, una mujer de 37 años que se encuentra en estado vegetativo desde 1992, iría “en contra de la ley”, a pesar de que la Justicia dispuso exactamente lo contrario.

El pasado 13 de noviembre, el Tribunal de Casación aceptó la petición del padre de la mujer de dejarla de alimentar artificialmente. Este era el último obstáculo jurídico para cumplir con el deseo de la familia de la enferma, que se encuentra en estado vegetativo sin posibilidades de recuperación.

El Vaticano protestó contra esa decisión al estimar que se enviaba “a la muerte a una joven”.

El pasado viernes, la región de la Toscana (en el centro del país) se mostró dispuesta a acoger a la mujer para “acompañarla” hacia la muerte.