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Dentro de dos años las lamparitas incandescentes darán lugar definitivamente a las de bajo consumo. En el marco del plan de ahorro de recursos energéticos, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 26.473, que prohíbe la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el país, a partir del 31 de diciembre de 2010. Como presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, celebro la promulgación de esta norma, que avanza hacia una política de uso inteligente de los recursos naturales.

En este sentido, es un hecho auspicioso la ampliación del convenio con Cuba, a partir del cual ese gobierno enviará 2.600.000 lámparas de bajo consumo que se sumarán al convenio suscripto recientemente, cuando Argentina compró a Cuba unos cuatro millones de esos focos como parte del plan de ahorro de energía impulsado por el Gobierno.

La nueva norma, que apunta a un uso racional de la energía como modo fundamental de preservar el medio ambiente para las generaciones venideras, implica al mismo tiempo un cambio de conducta y una modernización tecnológica imprescindible para avanzar hacia el manejo responsable de los recursos en la generación de energía. Celebro entonces, también, la firme decisión del gobierno argentino de sostener esta política energética eficiente aunque enfrente intereses económicos poderosos, que normalmente están en juego en los procesos de modernización y reemplazo de tecnologías.

Se estima que entre el 12 y el 26 por ciento del consumo mundial de energía eléctrica se utiliza en iluminación. En nuestro país se calcula que es alrededor del 25. Por ello, el cambio de luminarias incandescentes por lámparas de bajo consumo es la medida más rápida y redituable para minimizar el uso de energía eléctrica, ya que éstas consumen en promedio 4 veces menos y tienen una vida útil entre 5 y 10 veces mayor que las incandescentes.

Resulta importante destacar que las inversiones necesarias para el cambio de luminarias no implican un gasto adicional significativo y, además, el gasto es amortizado en poco tiempo y se obtienen beneficios y ahorros considerables.

La generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) produce a nivel mundial aproximadamente el 61 por ciento del total de los gases de efecto invernadero (GEI). En la Argentina, las emisiones de GEI también provienen principalmente de este sector, que representa aproximadamente el 47 por ciento del total. Por esta razón debemos reducir de manera significativa nuestras emisiones de GEI. Según los especialistas, la promoción del uso eficiente de la energía es una de las medidas más efectivas que se pueden adoptar a corto y mediano plazo para lograr reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más emisiones de CO2 per cápita.

Como antecedentes de acciones similares en otros países del mundo podemos citar, entre otros, los casos de Canadá, Australia, Irlanda, Venezuela, Cuba y Nicaragua, los cuales ya han establecido una fecha límite para la prohibición de la venta de lámparas incandescentes.

Por otra parte, según los cálculos realizados por Greenpeace, el ahorro anual, con un fuerte programa de reemplazo de luminarias en el sector residencial, puede ser de 4200 GWh, casi el doble de los que produce la Central Atómica Atucha I.

Este gobierno nacional tiene como propósito el uso eficiente de la energía teniendo en cuenta que la mayor parte proviene de recursos naturales no renovables. Implementando esta política el objetivo es, además de la conservación de la energía y la reducción de los costos, la preservación del medio ambiente para nuestros hijos.

Por tal motivo, es necesaria la participación y la sumatoria de esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para potenciar el logro de resultados en materia energética. El sector público asumió su función ejemplificadora ante la sociedad e implementó el uso racional y eficiente de la energía en los edificios de la Administración Pública Nacional, entre otras medidas.

El éxito de las políticas de eficiencia energética requiere la generación de profundos cambios estructurales basados en la modificación de conductas individuales, realizando un uso inteligente de los recursos y sin pasar privaciones temporarias.

Argentina debe avanzar en dirección hacia lo que debe ser una política seria de eficiencia energética, para construir entre todos un modelo sustentable que nos permita una mejor calidad de vida en la actualidad y un mundo habitable para las futuras generaciones.

* Senador nacional (FpV).