Viernes, 23 de enero de 2009 | Hoy
EL MUNDO › OPINION
Por Vicente Romero
En el terreno político el principal desafío que aguarda al presidente Obama consiste en reconquistar las garantías democráticas, gravemente deterioradas bajo el mandato de su antecesor. Primero, seis días después de la destrucción de las Torres Gemelas, Bush concedió unos “poderes especiales” a la CIA y el Pentágono que rebasaban los límites establecidos por la propia Constitución norteamericana; después, en 2002, firmó una orden que desvinculó a los Estados Unidos de la Convención de Ginebra. Todo ello sirvió para establecer una metodología criminal en la denominada “guerra sucia contra el terrorismo”, basada en el atropello sistemático de los derechos humanos.
El primer capítulo del plan de Obama para que los Estados Unidos recuperen la dignidad perdida consiste en cerrar Guantánamo. Pero esa prisión ilegal no es más que la punta visible de un siniestro iceberg: el oscuro universo carcelario levantado por la CIA y el Pentágono en distintos lugares del mundo: las famosas cárceles secretas, agujeros negros en los que se pierde el rastro de detenidos políticos sin acusaciones. Presidios sobre los que Obama no dijo una sola palabra durante su campaña electoral y a los que no ha hecho referencia alguna.
Sin embargo, hace pocas semanas, una comisión del Senado norteamericano aprobó un informe en el que aparecen documentadas una serie de “decisiones infames” adoptadas por los ministros de Defensa y Justicia de Bush (Rumsfeld y Gonzales) y el vicepresidente Cheney. Decisiones políticas que autorizaron la tortura –bajo el eufemismo de “técnicas agresivas de interrogatorio”– y permitieron secuestros, traslados ilegales de prisioneros, cárceles secretas, homicidios y desapariciones de prisioneros. Hechos probados que deberían acabar en tribunales de Justicia, para bien del sistema democrático norteamericano. Sin ello, el anunciado cierre de Guantánamo quedaría reducido a un lavado de imagen.
Amnistía Internacional ha planteado una batería de medidas urgentes para que la nueva política de derechos humanos prometida por Obama resulte creíble. “La primera es un plan para cerrar Guantánamo en un plazo razonable –expuso Esteban Beltrán en Informe Semanal–. La segunda, que se prohíba la tortura y los malos tratos. La tercera, que no haya impunidad con lo que haya ocurrido. Todo ello se resume en que los Estados Unidos vuelvan del lado oscuro de los derechos humanos hacia el lado de la legalidad internacional.” El cierre de Guantánamo debería ser sólo un primer paso. De nada serviría dinamitar la punta del iceberg y mantener impunes tantos crímenes de Estado, paradójicamente cometidos “en defensa de la libertad”.
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