Desde 1926 hasta la actualidad, salvo en períodos muy cortos, la sanción penal en materia de drogas, en la Argentina, se dirigió hacia los consumidores y los “transas”, que las venden al menudeo. “Los grandes narcotraficantes, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial.” Con estos argumentos y la premisa de que las adicciones son un problema “esencialmente socio-sanitario”, ochenta jueces que integran foros nacionales, provinciales y federales más varios fiscales y defensores hicieron circular un petitorio pidiendo “una reforma urgente” de la ley actual de drogas. “Es una legislación esquizofrénica”, sentenciaron. Y alertaron que el consumo y el narcotráfico siguen en alza. Este documento, cuya existencia fue adelantada el domingo por Página/12, recibió ayer el apoyo del ministro de Justicia de la Nación. “Cuando se manejan niveles de tanto dinero como maneja la droga, que es uno de los tres o cuatro negocios más importantes del mundo, hay capacidad para corromper”, afirmó Aníbal Fernández, quien dijo estar “recontra conforme” con el contenido.

Entre los firmantes hay varios jueces que son profesores de derecho penal en distintas universidades públicas nacionales: Horacio Cattani, Daniel De Marco, Juan Tapia, Marcelo Madina, Luis Niño, Néstor Conti, Alfredo Deleonardis, Roberto Falcone, Mario Portela. En el documento señalan que la ley 23.737 viola “el principio de legalidad” porque contiene “confusos elementos valorativos” y asimila distintas figuras jurídicas como participación y autoría; tentativa, preparación y consumación y “desconoce el principio de ofensividad y proporcionalidad”.

La política penal de esta norma, señalan, no desalentó el tráfico o el consumo, que siguen en alza, y ha generado “una gran cantidad de muertos como producto de la ilegalidad y el aumento de la delincuencia como consecuencia de la necesidad de adquirir drogas”. Además, se menciona el peso de la extracción social de los usuarios. Los pobres son los más vulnerables al aspecto represivo de la norma y al consumo de las sustancias más lesivas: paco, pegamento y nafta. También están alejados de “una oferta de tratamiento que prefiere abordar a ‘los más sanos’”, con suerte consiguen una oferta tercerizada que a veces constituye un “fraude de etiqueta”, como dice la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, otra de las firmantes.

En este sentido, el texto crítica la imposición legal de terapias compulsivas como una opción para evitar una condena por tenencia de drogas para consumo personal porque viola “el principio de autonomía moral”. Además, resaltan, “si el grado de enfermedad es tal que el adicto no puede curarse, la ley ordena al juez que siga adelante con el proceso que lógicamente terminará en una condena. Sólo una legislación esquizofrénica puede condenar a una persona a quien previamente ha reconocido como enferma, por no haberse curado”.

Otra de las críticas pasa por la prohibición de distribuir folletos informativos sobre “cómo utilizar una droga para evitar daños o reducirlos, la creación de espacios para el uso controlado de drogas, la distribución de jeringas y agujas o la verificación de la calidad de la droga que se suministra”. Por último –y no menos grave– denuncian la falta de controles en el mercado de estupefacientes y psicotrópicos legales. “El circuito médico/farmacéutico en muchos casos se advierte generoso con prescripciones innecesarias, publicidades televisivas en todos los horarios y dispensaciones farmacéuticas violatorias de la legislación sanitaria.”