Cuatro fiscales bonaerenses serán investigados por la Procuración General de la Suprema Corte, vinculados con el proceso que derivó en la absolución de un acusado de violar a una joven discapacitada por un error técnico. Ayer, María Giménez, la madre de la joven, fue recibida por la procuradora general, María del Carmen Falbo, quien se comprometió a intervenir personalmente en los pasos de la apelación ante Casación, y en la investigación sobre los fiscales. Según el abogado de la víctima, José Vera, la familia denunciará la semana próxima a la fiscal María del Carmen Gigante, mientras que desde la Procuración el sumario será abierto sobre tres fiscales más. El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Sergio Massa, anticipó la intención del Gobierno de iniciar juicio político al juez de Garantías que intervino en el caso, Rafael Sal Lari.

El caso se conoció esta semana luego de que el Tribunal Oral 7 de San Isidro absolvió en un juicio oral a un hombre acusado de violar a la joven discapacitada de 20 años. La víctima relató a los jueces cómo fue sometida. Un médico forense constató la violación, pero el peritaje no fue incorporado en la causa. Mejor dicho, fue incorporado a medias: el médico envió el informe por fax, con su firma al pie. Pero en el fax de la fiscalía de María Gigante se cortó la primera hoja y no se tomó la segunda que llevaba la firma, lo que oficialmente se designó con el eufemismo de “error técnico”. Durante el juicio, el informe fue invalidado y el acusado absuelto por falta de pruebas.

La familia de la víctima fue recibida por el ministro de Justicia Aníbal Fernández. Una hora y media más tarde, abogados del ministerio habían hecho contacto con el ginecólogo forense de la policía científica de San Isidro, Carlos Pozzoni, quien aseguró guardar “copia propia del documento, en el que consta quiénes participaron del peritaje y los testigos” en el hospital de San Fernando.

La fiscalía general de San Isidro pretende incorporar el informe original al expediente que tramitará ante Casación.

Entretanto, la madre de la víctima fue recibida ayer por la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo. En la reunión, en la que también participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Procuración, Ignacio Nolfi; el director provincial de Asistencia a la Víctima, Alberto Palacio, y el abogado Jorge Díaz, del estudio de Vera.

Vera sostuvo que la presentación se realizará solamente contra la fiscal Gigante, más allá que desde el gobierno nacional anunciaron que promoverían juicio político también a un juez que intervino en el proceso, supuestamente el de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.

Según aseguró Vera, Falbo “comprometió su total intervención personal en el recurso de Casación y demostró con claridad tener un perfecto dominio del expediente”. El letrado dijo, además, que la procuradora consideró que “el error no fue advertido no sólo por la fiscal Gigante sino también por todos los jueces y fiscales que intervinieron en la instrucción”.

En ese sentido, la procuradora informó que abrirá un sumario sobre los fiscales 2 de Pilar (Gigante); 2 de Tigre (Marcelo Lloret); 11 de San Isidro (Leandro Loiterstein), y el de juicio oral Diego Molina Pico. Gigante estuvo a cargo de la instrucción de la causa, Loiterstein solicitó la prisión preventiva del acusado, Lloret pidió la elevación de la causa a juicio oral y Molina Pico intervino en el debate oral que concluyó con la absolución por el beneficio de la duda. “La familia estuvo conforme –señaló una fuente de la Procuración–. Se le plantearon claramente las posibilidades y los pasos a seguir por la vía institucional y la judicial, para tratar que este caso no quede impune.”