Tres policías federales, que habrían contado con la complicidad de tres miembros de la barra brava del club Vélez Sarsfield, formaban parte de una organización que se dedicaba a secuestrar a presuntos delincuentes, a los que obligaban a pagar importantes sumas de dinero para obtener su libertad y evitar que les armaran una causa. Por el caso fueron detenidos dos policías de la comisaría 44ª, con sede en el barrio porteño de Versailles, mientras que permanece prófugo un tercero, que cumplía funciones en la comisaría 35ª. En el marco de la investigación, ayer por la tarde fue allanada la seccional 44ª, en Manuel Porcel de Peralta 726. Del operativo participaron agentes de la División Antisecuestros de la Policía Federal y de Asuntos Internos. El caso principal, el que permitió descubrir la existencia de la organización, fue el de un hombre a quien le exigieron el pago de 40 mil dólares para escapar de la imputación de un delito. “Me da una bronca fenomenal que esto suceda, porque la fuerza está para otra cosa”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, al ser consultado sobre el tema.

La causa, caratulada “averiguación de secuestro extorsivo”, está a cargo del fiscal federal Federico Delgado, quien pidió al juez federal Marcelo Martínez de Georgi la detención de los tres policías y de los supuestos barrabravas de Vélez. Los dos policías presos son el ayudante Patricio Eduardo Julio De Rose y el cabo Héctor Miño, de la seccional 44ª, mientras que el prófugo fue identificado como el subinspector Enrique Omar Zabala. Los presuntos barrabravas son Mariano Gastón Hierro, Christian Gabriel Galluzzi y Fernando Maximiliano Morales.

En el expediente figura la transcripción de escuchas telefónicas donde los policías aparecen involucrados en maniobras extorsivas contra supuestos delincuentes. El caso central ocurrió el 4 de enero pasado, a las 20, cuando fueron privados ilegalmente de su libertad Jorge Gregorio Díaz y Alejandro Ernesto Romano. La detención se hizo en una casa de Manzoni 362, en Villa Luro, de donde los sacaron por la fuerza y los retuvieron en autos no identificables, con balizas en el techo y vidrios polarizados. Eso sucedió dentro de la jurisdicción de la 44ª.

El fiscal Delgado sostuvo que la captura de Díaz y Romano “tuvo lugar cuando ingresaban a la vivienda y fueron sorprendidos por tres personas que descendieron de un vehículo exhibiendo armas de fuego con insignias de la Policía Federal al tiempo que gritaban ‘alto policía’”. El fiscal explicó que “mientras recorrían la zona jurisdiccional de la seccional 44ª, mantuvieron sendas comunicaciones telefónicas con familiares y amigos de Díaz, a quienes le exigieron la entrega de 40.000 dólares para su liberación”.

En la causa declaró la ex esposa de Díaz, quien aseguró que fue citada por su ex pareja en el cruce de las calles Marcos Sastre y Virgilio, del barrio de Monte Castro. En el lugar se encontró con cuatro hombres que tenían insignias de la Policía Federal, decían ser de Drogas Peligrosas y le pidieron los 40.000 dólares de rescate por su esposo. A modo de prueba de vida, a la mujer la dejaron hablar con su ex marido, a quien los policías mantenían secuestrado en un Volkswagen Gol. En ese momento, Díaz estaba hablando por teléfono con un amigo, el ex delantero de Boca Carlos Damián Randazzo, a quien le pidió que colaborara para reunir el dinero que le permitiera pagar su rescate.

El pago se frustró porque el secuestro fue denunciado en la comisaría 40ª por un vecino de Díaz que vio cómo varios hombres, con insignias de la Federal, se lo llevaron esposado. En el caso intervino la División Antisecuestros que hizo un gran operativo en toda la zona. Los secuestradores advirtieron lo que pasaba. Por ese motivo liberaron a Díaz en García y Ruiz Llanos, y a Romano en General Paz y Avellaneda.

El prófugo subinspector Zabala es el más comprometido. Se determinó que en el secuestro usó su auto particular, un Peugeot 206 bordó, su handy Nextel para hacer los llamados extorsivos e incluso hay una pericia de audio que reveló que su voz es la misma que la que aparece en las escuchas telefónicas del caso pidiendo el pago del rescate por Díaz. Respecto de Zabala, De Rose y Miño, el fiscal quiere que sus delitos se agraven “por su condición de policías en servicio de la seccional 44ª”. Ellos “habrían utilizado la vestimenta y armamento entregado por la fuerza” para “poner en cautiverio a una persona”.

Delgado aseguró que los policías se “valieron de una víctima que se encontraba en situación de vulnerabilidad por cuanto se trata de una persona que estaría involucrada en una causa penal, con las limitaciones que eso podría significar para acceder a la Justicia a fin de realizar la denuncia”. Díaz denunció que a fines de 2008 había sido víctima de un secuestro similar no revelado en su momento. Los que retenían a Díaz en el auto se cruzaron con un patrullero de la 44ª, “lo cual no hace más que confirmar que los secuestradores conocían al personal policial de la zona, o bien que se trataba de personas que integran esa misma fuerza”. Otras escuchas telefónicas determinarían que los policías participaron de otras extorsiones de las que sacaban dinero o drogas para vender por su cuenta.

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó ayer que “a la conducción de la fuerza, a los propios miembros y a la propia comisaría 44ª seguramente les debe dar bronca esto. Deben estar todos que explotan”. Insistió, de todos modos, en que “la policía tiene sus propios anticuerpos” y a los corruptos “los detiene la propia policía”.