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Esta semana se estrenó en México el documental titulado La vida loca, que retrata, en coro y en singular, a las pandillas conocidas como “Maras”, dos bandas que operan en El Salvador pero que nacieron al sur de Los Angeles para defenderse de las pandillas chicanas que pretendían abusar de los inmigrantes centroamericanos. Más tarde, los salvadoreños fueron deportados a su país de nacimiento por la policía de inmigración de Estados Unidos y terminaron agrupados en dos formaciones, la “Salvatrucha” y “Calle 18”, dedicadas al delito con extrema violencia. Rivales encarnizadas entre sí, libran una guerra sin fin que mata a mil quinientos jóvenes por año.

“Los Maras” reclutan a partir de los 12 años y raro es el soldado que, al cumplir 30, esté vivo o libre. Se distinguen por los tatuajes que simbolizan la adhesión de por vida, aunque todos tienen el derecho a desactivarse –no a renunciar– de la organización. Funcionan con un sistema jerárquico y un orden deliberativo por el cual, cierto o no, los reclutas tienen la impresión de que son escuchados y la oportunidad de reflexión colectiva. Los jefes, ordenados también en pirámides, son llamados con acierto “los palabreros”, una denominación que podría extenderse a buena parte de la vida política, tan proclive a la palabrería. Con códigos propios, estos jóvenes forman archipiélagos, territorio libre de toda autoridad impuesta y al fin propio, dado que casi ninguno reconoce vínculos familiares, algunos porque los perdieron y otros porque reniegan de ellos.

En la Argentina, juristas especializados en temas de familia hablan de “la generación nómade”, es decir aquellos adolescentes que rompen amarras con el territorio de sus padres y se marchan en busca de otros destinos. No hay “maras” en Buenos Aires, pero la violencia comienza a presentarse tan salvaje y descontrolada que, al margen de sus dimensiones reales, espanta a porciones importantes de las sociedades de grandes y medianos centros urbanos. La “generación nómade” es insular, pero también funciona en archipiélagos más o menos temporales, sin los códigos cerrados de las pandillas. ¿Una nueva ley penal que baje la edad de inimputabilidad desarticularía la violencia o apresuraría la formación de “maras” a la criolla?

El debate que hoy se presenta, propiciado por los ribetes sensacionalistas de la prensa, sobre todo de la TV, no parece hacerse cargo de las características de la rebeldía y la violencia juveniles. La única diferencia es entre pobre o rico, pero esa opción absoluta no alcanza ni siquiera para caracterizar a los 400 mil jóvenes bonaerenses que no estudian ni trabajan.