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El trabajo infantil está prohibido por la ley, pero en la Argentina modelo 2001, con record de desocupación, cada vez son más los chicos que salen a la calle a buscar el sustento para sus familias. En Buenos Aires se da con una modalidad particular: la venta ambulante, la mendicidad y el cirujeo. Pero también existen formas menos visibles, como la explotación sexual de los niños. Para afrontar esa situación, la Legislatura porteña sancionó ayer una ley destinada a “detectar, prevenir y erradicar” el trabajo infantil, con lo que Buenos Aires se convierte en el primer distrito del país que cuenta con una norma de este tipo. Más que sanciones, la ley prevé otorgar ayuda económica a las familias que se comprometan a que sus hijos menores de 14 dejen el trabajo y vuelvan a la escuela.
El proyecto del diputado socialista Roy Cortina, que acompañaron María Colombo (PJ) y Beatriz Baltroc (ARI), dispone que el gobierno porteño debe primero hacer un relevamiento de los niños y niñas que se encuentren desempeñando alguna actividad económica, sea remunerada o no. El registro deberá ser elaborado por la autoridad de aplicación de la ley, el Consejo de los Derechos del los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
La Ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe el empleo de menores de 14 años, es la única norma destinada a sancionar en forma concreta el trabajo infantil. Pero su aplicación está restringida a las empresas: quedan afuera miles de chicos que trabajan por cuenta propia, como vendedores ambulantes, limpieza de parabrisas, lustrabotas o pidiendo limosna. En la ciudad, la Policía del Trabajo es la encargada de multar a las empresas que contratan niños, pero no puede intervenir en los casos de niños cuentapropistas.
La ley sancionada ayer “crea un marco legal para hacer operativos los derechos de los niños, consagrados por la Constitución nacional y la de la Ciudad”, dijo a este diario el diputado Cortina. “Lo más importante -agregó– es que obliga al gobierno de la ciudad a asignar una partida presupuestaria específica, para implementar los programas de ayuda económica a las familias”.
La norma fue aprobada en general, pero el debate sobre los artículos se postergó para la semana próxima: los diputados quieren precisar qué sanciones recibirán aquellos que explotan a los niños o las familias que no cumplen con el compromiso asumido de que los chicos dejen de trabajar, aspectos que no estaban contemplados en el texto original.
La gran mayoría de los niños que trabajan provienen de hogares humildes. “Tolerar el trabajo infantil es condenar a los chicos a que sean pobres para siempre, porque abandonan los estudios y no tienen capacitación”, dijo a Página/12 la diputada Colombo. “Y lo que es peor, tampoco tienen lugar para ser niños”, agregó.
No hay estadísticas certeras ni actualizadas sobre trabajo infantil. “Hace tres años, en todo el país, se estimaban en 250.000 los niños que trabajaban. Hoy pueden ser más del doble”, evaluó Cortina. En la ciudad de Buenos Aires, un censo realizado por el gobierno en abril de 2001 arrojó que había 1700 chicos en situación de calle (no necesariamente viviendo a la intemperie sino pasando allí más de seis horas por día). Después de la catástrofe de diciembre, “esa cifra, por lo menos se duplicó”, estimó la titular del Consejo de los Derechos de Niños y Niñas, María Elena Naddeo. “Esta ley es un aporte importante porque permite unificar programas dispersos, de la Nación y de la ciudad y organizar la asistencia con mayor efectividad”, concluyó la funcionaria.